En otras ocasiones han sido mucho más contundentes y expeditivos. Pero esta vez, frente al decreto del conseller Jaume Giró para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas, desde La Moncloa han ido más con pies de plomo. No las tienen todas con la legalidad del fondo de la Generalitat ni que sea aceptado por el órgano fiscalizador. Hay "cosas difíciles de entender", verbalizaba este jueves la vicepresidenta Carmen Calvo. Pero quieren evitar como sea el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que lo paralizaría automáticamente. Por eso el Gobierno se inclina por la vía de la negociación con el Govern de Catalunya, con el ministro Miquel Iceta al frente.

Fuentes del ejecutivo central señalan que la intención hoy por hoy es negociar y corregir el decreto del Gobierno, que a primera vista les pareció "un poco raro". En este sentido, otras fuentes de La Moncloa recuerdan que "es un trabajo habitual", que se hace con todas las comunidades autónomas "cuando hay dudas sobre posibles vulneraciones de competencias". Estas negociaciones con los gobiernos autonómicos, y en este caso con Catalunya, las lleva Miquel Iceta, en su condición de ministro de Política Territorial. Remarcan que su voluntad ha sido siempre "reducir la conflictividad" con los territorios, que superó todos los límites durante el mandato de Mariano Rajoy. A pesar de todo, todavía estamos en una fase muy preliminar.

Una posible vía sería el artículo 33 de la Ley que regula el Tribunal Constitucional. Este artículo establece que el recurso de inconstitucionalidad se puede presentar en un plazo de tres meses, pero este plazo se amplía a nueve meses cuando se reúna la comisión bilateral justamente con la finalidad de evitar la interposición del recurso contra la norma.

La fórmula escogida por el conseller de Economía, Jaume Giró, ha sido la creación de un Fondo Complementario de Riesgos que dependerá de la Generalitat y contará con una dotación inicial de 10 millones de euros, con el objetivo de "proteger a todos los servidores públicos". Desde un primer momento, desde La Moncloa expresaron sus dudas sobre algunos preceptos. No obstante, y a pesar de las preguntas reiteradas que han tenido que responder varios ministros desde el martes, el ejecutivo central ha evitado anunciar ninguna acción judicial. La respuesta ha sido la misma: está "en estudio".

El mismo Pedro Sánchez se pronunció el martes en estos términos, durante su gira por los países bálticos. El presidente español recordó que siempre han defendido que las normas tienen que estar "sujetas a derecho". Es por eso que explicó que estaban estudiando el decreto de la Generalitat. "Si está sujeto a derecho, nada que objetar; si no, tendremos que recurrirlo", se limitó a decir el dirigente socialista, que dejó todos los escenarios abiertos. Reiteró que estaba siendo "objeto de estudio" y que "no podía decir nada más" hasta que no concluyera este análisis jurídico.

Desde el Gobierno lamentan la hiperproducción de recursos de la triple derecha, que ya ha anunciado que recurrirá el decreto del Departament d'Economia. Ayer lo denunciaba la vicepresidenta primera, Carmen Calvo: "Se ha instalado la moda de que todo sea exprés. Anuncian recursos a una ley que todavía no se han leído, ni saben qué partes recurrirán. Ahora se recurren las cosas en el momento en que salga un teletipo o un titular". En cambio, contrapuso, el Gobierno "es serio".

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