A pesar de que la detención y liberación del president Carles Puigdemont ha sobrevolado la sesión de control en el Congreso este miércoles, no ha sido la única cuestión que mantiene la tensión entre el Estado y el independentismo. También se ha hecho hueco la cuestión de la lengua, a través de dos preguntas de ERC. Dos interrogantes que plantean los republicanos: la protección del catalán y las lenguas minorizadas a la futura ley audiovisual estatal, así como los pasos para su hipotética oficialidad en la Unión Europea. La respuesta del Gobierno: que no hay nada garantizado en ninguno de los dos casos.

El primer frente ha sido la ley audiovisual, que prepara la vicepresidenta Nadia Calviño y que hace semanas que trae cola. El diputado republicano Gerard Álvarez le ha reprochado que no piden "nada complicado", simplemente "una ley audiovisual que asegure la supervivencia y la producción en catalán", que es "indispensable para salvaguardar el futuro de la lengua". En este sentido, ha advertido que, "si no hay una negociación clara y no se aceptan los términos que reclama la Generalitat y el sector audiovisual catalán", ellos votarán en contra. Ha concluido, señalando a la bancada de la derecha, como quieren "exterminar" el catalán. "Esperamos que ustedes no lo hagan", ha remachado.

Pero Nadia Calviño ha evitado ningún tipo de concreción ante la petición de cuotas. Por una parte, la vicepresidenta primera se ha comprometido a "escuchar con mucha atención los diferentes puntos de vista, también el de la Generalitat" y a proteger "todas las lenguas cooficiales del Estado". Por otra parte, sin embargo, ha reivindicado también el castellano, "que es la lengua que nos une y que realmente nos permite tener un papel tan potente en la producción audiovisual a nivel mundial".

El segundo frente ha sido la oficialidad del catalán en la Unión Europea, que hace años que trae cola. La diputada republicana Marta Rosique ha instado al Gobierno a solicitar la inclusión de la lengua catalana en el tratado europeo, porque ahora "diez millones de personas no pueden tener los mismos derechos lingüísticos que los hablantes del castellano". Ha argumentado que es una cuestión de "voluntad política", y que siempre que se ha solicitado por parte de un Estado, el Consejo de la UE lo ha aceptado. Rosique ha acabado su intervención en catalán. Paradójicamente, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le ha llamado la atención: "Supongo que su objetivo es que el ministro la entienda".

Pero el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lo ha aguado. En este sentido, ha recordado cómo el año 2004 el Consejo de la UE "señaló que los tratados actualmente vigentes no lo permiten" y que "no hay perspectiva de reforma de los tratados" a corto plazo para que "el catalán y sesenta lenguas regionales más" sean oficiales. A pesar de eso, Albares ha reivindicado que el Gobierno está comprometido para que "los ciudadanos españoles se puedan expresar en español, catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas". Y que "se estudiará cómo potenciar las lenguas cooficiales en la Unión Europea".