El Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación de la primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta solicitud de gracia se produce después de que el Tribunal Supremo lo condenara, el pasado mes de noviembre, a una inhabilitación de dos años para cargo público y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. El ministerio dirigido por Félix Bolaños ha solicitado ya el informe preceptivo al Supremo después de que dos personas particulares presentaran la instancia.
La condena de García Ortiz, que también incluye una indemnización de 10.000 euros por daños morales a favor de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo su origen en la filtración de un correo electrónico. En este mensaje, el empresario admitía la comisión de dos delitos fiscales. La sentencia, por tanto, consideró probado que el ex fiscal general reveló información reservada.
El recurso de García Ortiz y las acciones legales paralelas
Esta tramitación administrativa del indult se produce en paralelo a las acciones legales que el ex fiscal general y su defensa han interpuesto para revertir la condena. El pasado 19 de enero, el propio García Ortiz presentó un escrito ante el mismo Tribunal Supremo solicitando la nulidad de la sentencia. En su recurso, alega que la sentencia tiene "múltiples y graves vulneraciones de derechos fundamentales", las cuales considera "determinantes" para declararla nula.
En su argumentación, el jurista añadió que la sentencia "secuestra" la posibilidad de que la Fiscalía emita comunicados o desmentidos institucionales "cuando la institución se ve gravemente atacada". García Ortiz aseguró que con sus declaraciones solo pretendía defender la "credibilidad" de la institución fiscal ante "ataques" contra ella.
Esta acción se suma a la interpuesta poco antes por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa jurídica del ex fiscal general. Esta institución anunció que presentaría un incidente de nulidad ante el Supremo por la condena, un trámite procesal preceptivo para agotar la vía jurisdiccional ordinaria y poder interponer posteriormente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Con esta decisión, la Abogacía del Estado se alinea con la posición que ya había manifestado la Fiscalía del Tribunal Supremo, que anteriormente había solicitado al alto tribunal la nulidad de la sentencia condenatoria.
La reintegración a la carrera fiscal y la solicitud de expulsión
Mientras se tramitaban estos recursos, García Ortiz solicitó su reincorporación a la carrera fiscal, a la Sección Social del Tribunal Supremo. Esta decisión se formalizó mediante un decreto dictado el 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordó el reingreso de su predecesor tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.
Sin embargo, su reintegración ha encontrado una oposición directa. Esta semana, Alberto González Amador, a través de sus abogados, solicitó la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal. Su representación legal pidió específicamente la anulación del decreto del 23 de diciembre que permitía el reingreso del ex fiscal general, poniendo en duda el procedimiento seguido por la Fiscalía General del Estado. El proceso de indulto, por su naturaleza, es independiente de la vía judicial y se rige por criterios de equidad y oportunidad. No obstante, su tramitación en un caso de esta relevancia institucional y con recursos pendientes ante la orden jurisdiccional, pone de manifiesto la complejidad del caso.