El ministro y portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ha reprochado al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ante el control para que no destine fondos públicos a la celebración de un referéndum, pretenda apropiarse la propiedad de un dinero que es de todos los españoles.

En una entrevista a Efe, Méndez de Vigo ha asegurado que está convencido de que se cumplirán los requisitos acordados el viernes pasado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para evitar que la Generalitat de Catalunya pueda hacer uso de dinero público con la finalidad de organizar una consulta el 1 de octubre.

Estas declaraciones llegan después de que el president Puigdemont se dirigiera al ministro Méndez de Vigo para pedirle que el Gobierno devuelva dinero a Catalunya. En concreto, pidió la devolución de los intereses que los catalanes han pagado por recibir el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), y el dinero que ha servido para rescatar la banca, para las autopistas radiales de Madrid y para sufragar lo que denomina la "guerra sucia", así como todo lo que no se ha invertido en Catalunya a pesar de estar presupuestado

En la misma entrevista, Méndez de Vigo ha calificado de "destemplada" la respuesta de Puigdemont, pero lo que le preocupa es la confusión que cree que existe en la Generalitat sobre lo que denominan el dinero de los catalanes. "El dinero es de las personas. Los impuestos son de las personas. Los pagan las personas tanto si se generan en Catalunya o fuera de Catalunya. Por lo tanto -prosigue- esta idea que aquí hay un dinero que pertenece a Catalunya y otros en el resto de España es completamente errónea desde cualquier punto de vista, especialmente fiscal". En esta línea, recalca: "Nadie puede arrogarse la propiedad de un dinero que no le pertenece".

El ministro reitera que de lo que se trata con la decisión adoptada el viernes es de garantizar que dinero destinado a cubrir servicios públicos de los catalanes no se dediquen a la celebración de un referéndum. En este sentido, insiste el titular de Educación, que no tiene la menor duda de que las personas que tienen que remitir al gobierno español los datos solicitados lo harán porque son funcionarios y todos ellos "saben muy bien que la única obediencia debida es a la ley".

Desafío al "orden constitucional"

Ante el rechazo del líder del PSOE, Pedro Sánchez, al aumento del control decidido por el gobierno español sobre las cuentas de la Generalitat, Méndez de Vigo le pide coherencia. Para él, en un momento en el que se está desafiando el orden constitucional, se tienen que defender y dar apoyo todas las medidas que, como cree que es también la del viernes, pretenden mantener este orden.

Subraya, por lo tanto, que está avalada tanto por el Tribunal Constitucional (después de que anulara los preceptos de la ley catalana que preveía una consignación para el referéndum ilegal), como por un informe de los letrados del Parlament y por un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. "Esta es una línea recta de la legalidad que lleva a la decisión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y, por lo tanto, si como afirma el señor Sánchez están por el cumplimiento de la legalidad y el orden constitucional, eso también forma parte de esta legalidad", advierte el ministro.

Méndez de Vigo prefiere no entrar en especulaciones sobre lo que pasará el día 2 de octubre, la jornada posterior a que la Generalitat pretende convocar el referéndum, y se limita a señalar que el día 1 de aquel mes no habrá esa consulta porque es ilegal. "Por lo tanto, el día siguiente será un día como los otros", recalca antes de garantizar la total disposición al diálogo por parte del gobierno español en todo momento con la finalidad de encontrar soluciones pero siempre dentro de la legalidad. E insiste: "Como el referéndum no habrá tenido lugar el 1 de octubre, veremos el día 2 qué disposición hay al diálogo".

El ministro, que no concreta si para aquella fecha el Govern estudia haber tenido que recurrir al artículo 155 de la Constitución (que supondría la suspensión de la autonomía), llama la atención sobre la continua pérdida de apoyo social por parte de los independentistas catalanes. Fruto, según él, de que hay mucha gente en Catalunya que cree que las cosas hace falta hacerlas respetando la legalidad.

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