La campaña de odio y denuncias, muchas veces inventadas, de la ultraderecha ha acabado cuajando. El partido de Santiago Abascal podría contar con agentes de seguridad del propio Estado que reforzarían la cobertura de estos políticos de Vox allí donde van. El planteamiento de destinar una parte de los recursos de forma extra y mayor hacia Vox lo está haciendo el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska. La información la avanza el diario The Objective.

"Nunca facilitemos este tipo de información sobre los dispositivos de seguridad que se organizan". Este es el argumento que da Interior cuando se le ha preguntado por la noticia. ¿La excusa? Precisamente preservar la seguridad de los políticos, es incompatible al confirmar cualquier tipo de información. No obstante, si finalmente se sacara adelante la iniciativa, reforzarían la seguridad de unos dirigentes que no tienen, en su conjunto, la mayoría de formaciones. Hay que recordar que el líder de la formación, Santiago Abascal, ya cuenta con seguridad y también el secretario general, Javier Ortega Smith desde el año 2019. También desde Madrid, con su representante Rocío Monasterio.

¿Quién paga la seguridad?

Pero si pasa de privada a pública, en el resto de los compañeros de este partido, sería una diferencia con el resto de políticos y colores. Otro ejemplo lo encontramos en Catalunya. El representante de la ultraderecha en el Parlamento, Ignacio Garriga, también cuenta con protección privada pero ha pedido recientemente a la Unidad Central de Seguridad Privada cambiar de empresa. Hay que tener en cuenta que disponer de seguridad es un derecho pero no una obligación que esta esté cubierta por|para los impuestos de todo el mundo desde el Estado.

La legislación marca los cargos políticos que pueden llevar con servicio público de facto: gobierno, jefe de la oposición y expresidentes. Y algunas excepciones si son susceptibles de tener un riesgo. Y está en este punto donde Vox quiere encontrar el camino perfecto para tener la seguridad pagada. Actualmente, hay 632 agentes de seguridad en el Estado, de los cuales 599 son policías nacionales y 33 de la Guardia Civil.

El argumentario de Vox se basa, nuevamente, en los recursos y denuncias que pone ante la justicia. La mayoría de ellos no prosperan pero la apertura de diligencias ya es el paso previo para argumentar con datos totalmente inflados. Ya llevan 300 denuncias hechas y aprovechan para seguir cargando el discurso del odio: "Es culpa de la demonización que nos han hecho los progres y la violencia de los radicales y el separatismo". Precisamente, formaciones independentistas catalanas o vascas no han hecho el recuento de amenazas recibidas en los últimos años.