Fernando Grande-Marlaska se moja. El ministro de Interior se ha referido a una de las cuestiones clave que formaron parte del acuerdo de investidura entre el PSOE y el independentismo y que hicieron posible la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. El lawfare contra los líderes del procés, lo que es sinónimo de la persecución judicial con el objetivo de inhabilitar a un adversario político, llegó a atascar las negociaciones entre Junts y los socialistas y también ha sido uno de los puntos de encuentro de los juntaires con ERC. Ahora, Marlaska ha contradicho aquel acuerdo con el independentismo sin dejar margen de duda. "No existe lawfare en España", ha dicho en una entrevista en La Vanguardia.
Las declaraciones sorprenden, cuando menos porque este concepto apareció explícitamente en el texto del acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Junts. Además, los socialistas permitieron con su voto en el Congreso crear las comisiones de investigación sobre los atentados del 17-A, la Operación Catalunya y el espionaje con Pegasus, un movimiento clave para que el independentismo pudiera perseguir posibles casos de lawfare, si bien el PSOE posteriormente vetó que los jueces tuvieran que declarar. Incluso Pedro Sánchez abrió la puerta a la existencia de lawfare a España, si bien poniendo como ejemplo aquel que practica el Partido Popular en casos como el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, Marlaska ha sido claro, afirmando que los magistrados españoles "cumplen sus deberes con estricto acatamiento al ordenamiento jurídico en parámetros de independencia e imparcialidad".
Así, sobre el hecho de que el juez Manuel García Castellón —que lleva la causa de Tsunami Democràtic— haya acordado investigar Carles Puigdemont y 11 otros nombres del independentismo por terrorismo, el ministro de Interior no se ha querido mojar. "Las resoluciones judiciales están para respetarse, todas ellas", ha dicho. Marlaska es un magistrado, y la misma Fiscalía acusó a García Castellón de imputar este delito de terrorismo a Puigdemont sin ningún indicio. Pero ha preferido argumentar que "cuando las causas no están definitivamente juzgadas, todavía se tiene que ser más cauteloso en su valoración".
No hay choque entre gobierno y jueces por la amnistía
El impulso de una ley de amnistía para los líderes del independentismo también ha generado recelos y enfado de un importante grueso de la comunidad judicial. Son diversas las asociaciones de magistrados, así como instituciones de jueces, que han salido a criticar el movimiento del Gobierno para dar apoyo al requisito del independentismo de una medida de gracia para los impulsores del procés. Pero Marlaska no lo ve así. "Entre el poder ejecutivo y el judicial no hay ningún enfrentamiento, perdone que disienta", dice el ministro. "El poder judicial, formado por los más de 5.500 jueces que cada día dictan sentencias, es un ejemplo de independencia e imparcialidad, la base del estado de derecho".
El escolta de Puigdemont y la Jefatura de Via Laietana
A la entrevista, Marlaska también se refiere a la petición de escolta para Carles Puigdemont. Hace un mes, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que Interior tramitaría esta demanda hecha por la Generalitat en nombre del presidente en el exilio. Marlaska ha explicado que se ha pedido un informe a la Abogacía del Estado y que están "pendientes de recibirlo". Un anterior informe en 2018 ya descartó la necesidad de escolta, pero el ministro defiende que el órgano se pronuncie de nuevo porque los informes "tienen que ser actualizados o ratificados en su caso, pero siempre acompañado el momento de la petición".
Para acabar, el ministro se ha referido también a la histórica demanda del independentismo que es traspasar el edificio de la Prefactura de la Policía Nacional, ubicado en la Via Laietana. Aunque el PSOE aprobó hace años una moción para hacer efectivo este movimiento, ahora Marlaska ha argumentado que no le consta "que se esté pidiendo el traspaso". "Yo diré una cosa importante: no está sobre la mesa, ni mucho menos", ha asegurado con contundencia. Aunque las críticas por los casos de violencia policial y torturas en este espacio, el ministro ha dicho que "los edificios donde se cometieron delitos execrables en estos 40 años están siendo resignificados por todos los funcionarios públicos, sean guardias civiles, policías nacionales o funcionarios civiles del Estado que están trabajando con escrupuloso respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales".