El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público una declaración institucional en contra de la amnistía acordada entre Junts per Catalunya y el PSOE. Aunque el texto de la ley todavía no está presentado y no se ha hecho público el documento, el bloque conservador del CGPJ, prorrogado durante casi 5 años, aprobó por mayoría esta declaración. Su presidente, Vicente Guiarte, se abstuvo en la votación, eximiéndolo al hecho de que todavía no hay ninguno redactado presentado. Sin embargo, Guilarte se muestra crítico con la posibilidad de que la ley de amnistía incorpore el lawfare, cuestión indispensable por Junts per Catalunya en el acuerdo. De hecho, en una entrevista a l'ABC, el presidente del CGPJ alerta de "el aumento de la injerencia política" en el poder judicial, aunque se muestra respetuoso a la hora de hacer pronunciamientos sobre textos legislativos.
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Sobre el lawfare, Guilarte avisa de que si se activa "supondría una intromisión del parlamento al Poder Judicial". "Una crítica posterior de lo que un juez haya dicho conforme a la legalidad vigente", dice Guilarte, quien cree que sería una injerencia. "La crítica que se pueda realizar de esta aplicación por parte de quien esté legitimado para hacerla resultará legítima; lo que sería inadmisible es que el Parlamento revise cómo aplican los jueces esta ley", dice Guilarte ante la posibilidad de que el texto de la ley de amnistía recoja cómo se tiene que aplicar. Sin embargo, desde Junts y el PSOE ya han avisado de que el término lawfare es un concepto político y que la palabra como tal no sale en ningún caso a la ley.
Las interferencias judiciales
Sin embargo, considera que los términos acordados entre Junts y el PSOE son "ambiguos". "Mi idea personal es que unos tienen que respetar la independencia judicial y otros tenemos que respetar la independencia parlamentaria", subraya Guilarte, quien avisa de que no criticaré ninguna ley que salga del Congreso de los Diputados. A pesar de todo, sí que considera que un acuerdo entre dos partidos todavía se enmarca dentro del "debate político" y que no supone una "confrontación real con nuestras reglas y principios institucionales". Sin embargo, avisa: "Si eso se ve plasmando en iniciativas legislativas más concretas que específicamente cuestionen la independencia judicial y la separación de poderes sí que sería más grave".
Asimismo, opina que las "interferencias en la actividad jurisdiccional obligan en el Consejo General del Poder Judicial a convertirse casi en un activista político". "Hay muchas iniciativas, aunque sean embrionarias, que implican esta escalada de perversión de un sistema como es el de absoluta independencia de poderes que teóricamente todos aceptamos", subraya.
La renovación del CGPJ
Preguntado por la legitimidad que tiene el Consejo General del Poder Judicial después de estar casi 5 años prorrogado, Guilarte considera que sí que tiene, aunque subraya la cuestión del "perímetro de la legitimidad". De hecho, pide una reforma del sistema de elección del CGPJ a los partidos políticos, ya que "el sistema actual está absolutamente agotado".