El juez Manuel García-Castellón tiene nuevo apoyo para mantener la investigación de Tsunami Democràtic por el delito de terrorismo, además de las acusaciones populares de Vox y de la asociación Dignidad y Justicia (con su presidente, diputado del PP en Madrid). Ahora se han añadido los dos agentes de la policía española (con TIP 109440 y 91464) que se personaron a la causa el noviembre pasado al asegurar que fueron gravemente heridos en las movilizaciones contra la sentencia del procés en Barcelona. Los abogados de los dos agentes, José María Fuster-Fabra Juan Ignacio Fuster-Fabra, han presentado un escrito, en el cual sostienen que "es conforme a derecho" la resolución, del 6 de noviembre pasado, del titular del juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, en la cual imputaba el delito de terrorismo al presidente Carles Puigdemont; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al diputado republicano, Ruben Wagensberg, y a otras nueve personas más a quienes les atribuye la creación y coordinación de la plataforma Tsunami, que promovió las manifestaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes catalanes.
En el escrito, fechado el 5 de diciembre y al cual ha tenido acceso este lunes ElNacional.cat, los abogados de los dos agentes critican abiertamente el cambio de criterio del fiscal Miguel Ángel Carballo, el cual presentó recurso contra la resolución del juez al considerar que no había indicios del delito de terrorismo, al asegurar que cuatro años después de la investigación no se podía sostener ni que había un grupo criminal. Recuerda que en verano pasado el fiscal se opuso a enviar la causa de Tsunami a los juzgados de Barcelona, como le pedía el abogado Benet Salellas, en nombre del empresario Oriol Soler, al considerar que era una causa competencia de la Audiencia Nacional. "Es cuanto menos una contradicción palmaria -y llamativa a todas luces a esta representación procesal- este cambio de criterio de la Fiscalía, cuando no ha existido una sola diligencia de investigación que pudiera dar motivo o argumento para representar un giro en la tesis del Ministerio Público y que por ende pueda considerar un cambio de postura por motivos jurídicos", afirman los letrados de los policías.
Recursos en la sala penal
El escrito presentado por los dos agentes de la policía permitirá que el recurso de la Fiscalía, al cual se ha unido todas las defensas, sea ahora analizado por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Así lo afirmó la magistrada María Tardón, sustituta natural del juez Manuel García-Castellón en el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, en una última resolución de la semana pasada, en la cual descartaba que el magistrado hubiera bloqueado el recurso del ministerio fiscal, si no que había esperado la respuesta de los agentes.
En el escrito, los agentes insisten que el juez García-Castellón “no rompe en ningún caso la línea investigadora, ni el relato fáctico y la fundamentación jurídica de todas las decisiones que ha ido tomando en el marco de las diligencias de Tsunami Democrático”. Detalla que terrorismo son delitos de carácter finalistas, que requieren como elementos fundamentales alterar la paz pública y subvertir el orden constitucional, “hechos -sostiene- que de manera innegable se producen en el marco de las investigaciones de la organización Tsunami Democrátic”. En concreto, detalla informes de la Guardia Civil, donde se precisa la creación de la plataforma, a pesar de que no hay ninguna prueba directa contra los investigados para que se produjeran disturbios o acciones contra las personas, en octubre de 2019.
Además del fiscal, Gonzalo Boye, abogado de Josep Lluís Alay y de Carles Puigdemont, ha estado muy crítico con la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional, a quien ha acusado de malbaratar fondos públicos, y se ha opuesto que la investigación al president Puigdemont se eleve al Tribunal Supremo. Un extremo pendiente.