El magistrado Pablo Llarena ha añadido un nuevo motivo para rechazar los recursos de los acusados contra su procesamiento por rebelión, malversación y desobediencia en la causa contra el referéndum del 1-O: que el Rey dirigiera un mensaje a los españoles el 3 de octubre es para el juez un indicador, el primero que enumera, de la gravedad y alcance de lo que llama "insurrección en que se inserta esta movilización con expresiones de violencia".

Es decir, que la situación en Catalunya motivara la intervención televisiva de Felipe VI es motivo para mantener procesados a Carles Puigdemont y otros 22 investigados, entre los cuales los consellers y miembros de la Mesa del Parlament encarcelados, además de los Jordis.

La "insurrección" era de tal envergadura, según el magistrado del Tribunal Supremo, que "dos días después de la votación y que se impulsaran nuevas movilizaciones con cortes de carreteras (la noche del 3 de octubre del 2017), su Majestad el Rey, como Jefe de Estado, tuvo que dirigir un mensaje a la nación y reclamar al Gobierno de la Generalidad de Cataluña que respetara el orden constitucional democrático. Igualmente apeló a todos los funcionarios del Estado y de las comunidades autónomas a que cumplieran con sus obligaciones constitucionales".

Erre que erre

Hasta la fecha, este motivo no había aparecido mencionado en los abundantes autos dictados por Pablo Llarena. El magistrado no cambia el relato de algunos hechos que ya había mencionado en otros autos, aunque los datos actuales y las entidades de representación sectorial, patronales y los diversos gestores de empresas expliquen ya otra historia.

Así, Llarena vuelve a insistir en "la incertidumbre jurídica" o los cambios de domicilio social "de cerca de 3.000 empresas (con una facturación de 44.000 millones de euros)", la "retirada de fondo de los bancos" y otras afectaciones económicas, etcétera, que han estado después revisadas a la baja o desmentidas.

"Sectores ciudadanos"

También es curioso cómo justifica la aprobación de un día para otro del decreto que autorizó a las empresas a cambiar la sede social sin convocar a la junta general de accionistas. "La medida posibilitó cambios rápidos", dice Llarena. Y aquí viene la novedad: "Algunos sectores ciudadanos se organizaban para impedir que se celebraran Juntas de Accionistas que estuvieran orientadas a trasladar el domicilio social de las empresas fuera de Cataluña, lo que hubiera supuesto dejar a las entidades en la compleja situación jurídica que se había creado".

Llarena no aporta ningún hecho que pruebe la explicación de los "sectores ciudadanos" dispuyestos a impedir juntas de accionistas.