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En el instituto, especialmente en España, fuera de Catalunya o el País Vasco, declararse franquista es cool; está de moda. En Madrid, cuando a principios de legislatura algunos ciudadanos se manifestaban para protestar contra el pacto del PSOE con el independentismo para aprobar una ley de amnistía, la sede de Ferraz se rodeaba de jóvenes —no pasaban de los veinte años— con banderas franquistas. Niños de todo tipo: algunos con estética nazi, otros con chándal, otros con jersey y camisa... todos ellos con el brazo en alto. Decía el CIS hace un año que el 21,3% de los españoles consideraba "buenos" o "muy buenos" los años del franquismo. La semana pasada, publicaba un nuevo estudio en el que recogía que el 84,4% prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno y el 6,2% preferiría, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario. Publicaba la encuesta a 17 días de las elecciones generales del 29N, y coincidiendo con el cincuenta aniversario de la aprobación de la ley de Reforma Política; de la ley a la ley. Este miércoles hace exactamente medio siglo que las Cortes franquistas votaban a favor de su propia desaparición para hacer efectiva la Transición y pasar de un régimen dictatorial al régimen democrático del 78, consolidado con la ratificación de la Constitución.

Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y Carlos Arias Navarro siguió al frente del gobierno hasta el 1 de julio de 1976, cuando el rey le pidió la dimisión. Dos días después, Juan Carlos de Borbón designó a Adolfo Suárez. El Gobierno aprobó el proyecto de ley el 10 de septiembre y las Cortes franquistas lo debatieron del 16 al 18 de noviembre: 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. La oposición, que reclamaba una ruptura democrática, pidió la abstención en el referéndum del 15 de diciembre; participó el 77,72% del censo y el sí obtuvo el 94,17% de los votos emitidos. La ley fue sancionada el 4 de enero de 1977 y las primeras elecciones generales se hicieron el 15 de junio.

La Ley para la Reforma Política recogía la soberanía popular, el sufragio universal, un Congreso y un Senado, y el procedimiento para la reforma constitucional y el referéndum. El texto partía del borrador que Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes, entregó a Suárez el 23 de agosto de 1976: el cambio se hacía dentro de la legalidad del régimen, "de la ley a la ley". Por primera vez desde la Guerra Civil, la ciudadanía española participaba en un proceso limpio, abierto y con garantías.

La Transición, cada vez más cuestionada

Gutmaro Gómez Bravo, historiador de la Universidad Complutense de Madrid, señala en declaraciones a este periódico que la ley de 1976 "era la única manera posible, dentro de las posibilidades de aquel momento" para pasar de un régimen a otro. Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, afirma que era "la vía posible desde las estructuras del franquismo, que eran las dominantes" y que la oposición "no tuvo suficiente fuerza" para conseguir una verdadera "ruptura democrática". Esto se notó en la Constitución, que podría haber sido más ambiciosa y con "unas bases mucho más efectivas", porque en Catalunya y en el País Vasco ya se ha demostrado que fue "una tomadura de pelo". Añade que hay temas estructurales que "se plantearon mal y luego se desarrollaron peor", que algunos artículos eran ambiguos y que estas ambigüedades se han resuelto a favor de un nacionalismo español conservador, también desde la izquierda "jacobina".

Gómez Bravo, por su parte, destaca que la ley para la Reforma Política "consiguió quitar toda la fachada del edificio falangista, de hormigón, y a partir de ahí se empezó a recubrir de cristal transparente, con el lenguaje del liberalismo democrático y de la democracia cristiana que existía en los años setenta". Ambos, en cualquier caso, coinciden en que la historiografía de la Transición ha cambiado durante estos cincuenta años. Gómez Bravo celebra que se ha pasado "en poco tiempo, de una visión inmaculada a cuestionarla y a sacar muchos aspectos negativos, sobre todo la violencia de entonces". Requejo distingue dos fases: hasta principios de los 2000 había una visión "optimista", con una valoración positiva a pesar de las ausencias y los problemas; y en estas primeras décadas de siglo ya ha habido una ruptura, de amplio cuestionamiento de aquel momento histórico.

Medio siglo de la Transición: un 29N marcado por el auge de la nostalgia franquista

El cincuenta aniversario de esta ley llega en plena campaña del 29N. El CIS de hace un año preguntaba por la opinión sobre el franquismo: el 25,8% de los mayores de 75 años consideraba "buenos" o "muy buenos" aquellos años. Y opinaba lo mismo el 19% de los jóvenes de 18 a 24 años, sin tener excusa de ninguna añoranza por una etapa de juventud. La misma encuesta comparaba democracia y dictadura: el 14,4% de los jóvenes de 18 a 24 años decía que la actual democracia es peor que la dictadura, el porcentaje más alto de todos los grupos de edad.

A finales de 2024, en el Congreso, el diputado de Vox Manuel Mariscal afirmó que "el franquismo fue un periodo de reconstrucción, progreso y reconciliación". La semana pasada, en La Revuelta de TVE, Santiago Abascal dijo que Pedro Sánchez "es un dictador, pero todavía no ha conseguido tener todo el poder". En la misma entrevista se negó a condenar el franquismo a pesar de la insistencia del presentador del programa, David Broncano. "No se puede estar en política hablando de una guerra civil de hace un siglo", manifestó.

El estudio preelectoral del CIS publicado la semana pasada otorga al partido de extrema derecha un 18,4% de los votos y entre 57 y 65 escaños. PP y Vox han impulsado en las autonomías donde gobiernan conjuntamente leyes para sustituir la de memoria democrática de ámbito estatal, aprobada por el Congreso en 2022. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha incluido en su programa del 29N derogarla y sustituirla por una Ley de Concordia.

"Ha habido una voluntad política de esconder los déficits de la Transición"

Sobre el 21,3% de los españoles que, según el CIS de hace un año, valoraban positivamente los años del franquismo, el catedrático de la UPF afirma que durante los últimos cincuenta años "ha habido una voluntad política de esconder los déficits de la Transición". "Según cómo, no me extraña y todavía me parece escaso", afirma Requejo.

En cuanto al crecimiento del apoyo a los regímenes autoritarios por parte de los jóvenes, señala la crisis económica de 2008. Según él, ha destrozado las perspectivas de futuro de quienes empiezan en el mercado laboral, también de los universitarios. "Si todo esto lo mezclas con el espíritu juvenil de rebeldía, la rebeldía se hace de derechas". Con una sociedad occidental "más desigual" que sufre un "empobrecimiento de las clases populares y clases medias bajas", concluye que "es lógico que la extrema derecha suba, no solo el franquismo en España". Gómez Bravo destaca también "un desplazamiento demográfico" y un ecosistema digital repleto de contenido de auge de la extrema derecha del franquismo complicado de combatir en las escuelas o los institutos.