La Mesa del Senado decidirá este miércoles si suspende al senador de ERC Raül Romeva después de estudiar un informe de los letrados de la Cámara Alta, cuyo sentido será similar a lo que en el Congreso avaló la suspensión de los cuatro diputados que son presos políticos. Para sacar adelante la suspensión de Romeva, la decisión tendrá que tener el apoyo de los cuatro representantes del PSOE en el órgano de gobierno del Senado, donde los socialistas tienen mayoría absoluta.

Fuentes parlamentarias han explicado a EFE que los servicios jurídicos del Senado emitirán un informe coherente con lo que ya dijeron los letrados del Congreso con respecto a los presos diputados, eso es, que la suspensión de los derechos y deberes del senador Romeva sí que tiene apoyo legal para ejecutarse.

Igual que hizo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el presidente del Senado, Manuel Cruz, solicitó un informe a los letrados de la institución para aclarar en virtud de qué precepto legal se podía suspender Romeva. El precepto no es ningún otro que el artículo 384 bis de la Ley de enjuiciamiento criminal, según el cual "sujeta un auto de procesamiento y la prisión provisional por un delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que esté ejerciendo una función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio de lo mismo mientras dure la situación de prisión."

Igual que lo entendieron los letrados del Congreso, los servicios jurídicos del Senado apuntan, según las fuentes, que este artículo es la vía para suspender al senador en prisión preventiva y no las disposiciones del Reglamento que regulan la figura del suplicatorio.

La reunión de la Mesa es la primera con contenido de la XIII Legislatura, ya que aunque sus siete miembros se reunieron hace una semana después de la sesión constitutiva, tan sólo se trató de una primera toma de contacto.

Por eso, también se estudiarán otras peticiones relacionadas con el desarrollo de aquella sesión, en concreto por las fórmulas heterodoxas utilizadas por una treintena de senadores para acatar la Constitución, entre ellos el mismo Romeva, quien lo hizo como preso político.