Todo el Congreso de los Diputados ya está movilizado por una circunstancia excepcional: la presencia de cuatro diputados que están entre rejas. Son los presos políticos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Como ya pasó en su momento en el Parlament, los servicios jurídicos del parlamento español ya están estudiando qué afectación tendrá este hecho sobre la composición del hemiciclo, especialmente después de que sean suspendidos por el Tribunal Supremo como es previsible. Y el gran beneficiado podría ser el presidente en funciones Pedro Sánchez.
Sin ir más lejos, según las fuentes del Congreso consultadas, esto podría hacer rebajar el umbral de la mayoría absoluta, que pasaría de los 176 a los 174 diputados. En este sentido, apuntan que hay precedentes de mayorías rebajadas por ausencias o suspensiones de las funciones. En todo caso, será una de las cuestiones que abordará la nueva Mesa de la cámara, que ya se reunirá el mismo martes o el miércoles de la semana que viene.
Esta rebaja de la mayoría absoluta sí que acercaría a Pedro Sánchez a una investidura en segunda vuelta, por mayoría simple, sin necesidad de los votos de los partidos independentistas. Le bastaría con los votos de Unidas Podemos, el PNV, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria y una abstención de Coalición Canaria.
Los cuatro diputados presos no están inhabilitados hasta que no haya sentencia, por lo que no están obligados a renunciar a su escaño. Pero sí están suspendidos de funciones en base a la ley de enjuiciamiento criminal, que lo prevé para los procesados por delitos de rebelión. Pero tampoco está claro quién debe proceder a la suspensión, si la misma Mesa o el Tribunal Supremo.
En caso de que se ejecute la previsible suspensión por parte del Tribunal Supremo, fuentes del Congreso señalan que en el reglamento de la cámara no tiene cabida la vía Llarena, creada por el magistrado instructor para permitir a los diputados presos del Parlamento delegar su voto y funciones en otro parlamentario. Pero la realidad es que esta posibilidad tampoco estaba prevista por el reglamento de la cámara catalana. La historia se repite.