¿Es inconstitucional la movilización de Policía y Guardia Civil ordenada por la Fiscalía General del Estado y acatada por parte del Ministerio del Interior en Catalunya? Esta es la noticia que el diputado del PNV, Mikel Legarda, habría hecho saltar durante la sesión de control en el Congreso de este miércoles, en medio de la estupefacción de los partidos independentistas. Legarda, jurista experto en los servicios jurídicos del Parlamento vasco, ha denunciado que el Estado se estaría amparando en una ley que dejó de tener efectos en el Estatut del 2006, de modo que sería "ilegal e inconstitucional".

Legarda ha recordado que la medida se encubría bajo los artículos 38 y 42 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establecía que Guardia Civil y Policía podían intervenir de forma directa fuera de sus competencias en Catalunya y que así era como el ministerio había pasado a dirigir a los Mossos d'Esquadra. "Pero ustedes, de manera directa o indirecta a través de la Fiscalía infringen lo que dice esta ley en su Disposición Segunda, que establece que estos artículos eran aplicables en Catalunya en el Estatut del 1979, no en el de 2006. El artículo 164 vigente en el actual Estatut de Catalunya no habilita la aplicación de estos dos artículos. Por tanto, no se puede apelar a ellos para intervenciones de orden público", ha enunciado el jurista.

El diputado ha profundizado en su tesis aportando la evidencia de que el Partido Popular sabía que se "mermaban" dichas atribuciones. "Precisamente, por eso enmendó el proyecto de reforma del Estatut, pero sus enmiendas no fueron aceptadas", ha recordado. Incluso, Legarda ha dicho que el Ejecutivo no pudo tampoco presentar entonces un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque existía el precedente de Euskadi, donde no fueron nunca de aplicación los artículos 38 y 42. "Hacen trampa legal y constitucional y también lo hace la Fiscalía a su dictado. Al Gobierno eso le es igual porque el TC nunca suspende sus acciones, o sus sentencias tardan años en ver la luz", ha zanjado.

La respuesta del ministro no ha gozado de la misma profundidad jurídica. Reiteró que la movilización de unidades policiales tiene como objetivo apoyar a los Mossos en el mantenimiento del orden público, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía, por lo que "no es una medida de excepción". "Lamento discrepar y me siento orgulloso de ello, pero le digo que no es inconstitucional", afirmó Zoido tras dejar claro que su presencia en Catalunya "se mantendrá mientras sea necesario para garantizar que se cumple la ley, se respetan los derechos y se garantizan las libertades ", cerró.