El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comunicará el 7 de junio su dictamen con respecto al anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, el borrador de la postura del CGPJ no ha gustado a las asociaciones en defensa de la memoria histórica, pero confían en que desencallará el punto muerto en que se encuentra el anteproyecto.

El 15 de septiembre de 2020 el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley y desde entonces varios colectivos y el Consejo Fiscal se han pronunciado. Ahora es el turno de CGPJ, aunque lo que dicte no será vinculante. Sin embargo el Consejo ha avanzado sus objeciones en uno de los puntos más controvertidos: la posibilidad de disolver una fundación por hacer apología del franquismo, según informe Efe.

Su oposición a este punto del anteproyecto se centra en la Fundación Francisco Franco, ya que, según el Consejo, aunque sus ideas son contrarias a los valores democráticos y constitucionales se encuentran bajo el amparo de la libertad de expresión. En la misma línea, pero recurriendo al derecho a manifestación y reunión el CGPJ considera que no se puede sancionar manifestaciones que exalten el franquismo, como las vividas el pasado 16 de febrero.

Los colectivos memorialistas han criticado duramente la posición del CGPJ considerándola "absurda", "intolerable" y una "vergüenza". Luis Pérez Lara, presidente de la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas (AERPA), ha asegurado que la postura del CGPJ con respecto a la Fundación Francisco Franco es humillante para las víctimas. Sin embargo, Pérez Lara espera que el dictamen del Consejo sea un impulso para el proyecto de ley, el cual ha asegurado que sería un "alivio" de la carga de los represaliados por la dictadura.

 

excavacion fundida comun guerra civil / Efe

Excavación de una fosa|foso común de represaliados por|para el franquismo / Efe

A contrarreloj

La urgencia para aprobar la ley no responde únicamente al largo proceso que esta arrastra, sino a un motivo más básico y biológico: cada vez hay menos supervivientes. Eduardo Ranz, representante de familiares de represaliados, ha asegurado que "lo que no tenemos es tiempo", según recopilación Efe. Ranz ha subrayado que se han "perdido" tres años, el tiempo que lleva al Ejecutivo de Sánchez a la Moncloa, el cual se mostró dispuesto a tiara adelante una ley que ahora tiene arrinconada en un cajón.

Si bien decepcionadas e indignadas por el lento proceso del anteproyecto y el futuro dictamen del CGPJ varias asociaciones y colectivos siguen mostrándose optimistas. Concha Díaz Berzosa, delegada en Madrid de l'Associació Amistosa de Mauthausen, ha asegurado que esta ley tiene que servir para que España "tenga claro cuáles son las raíces de su democracia y la lucha por las libertades", según publica Efe.

 

Imagen principal: Ofrenda floral en un monumento en memoria de las víctimas del franquismo