Plantar cara a la sentencia. Es lo que considera la CUP que hay que hacer contra el ultimátum que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dado a la Conselleria de Educación para cumplir con la sentencia que impone el 25% del castellano en las aulas catalanas. Según la diputada anticapitalista Laia Estrada, el conseller y el Govern no han querido hacer ni quieren hacer frente a esta sentencia, y ha criticado el titular de Educación de ser "duro e inflexible con los docentes, y conciliador y pactista con los que quieren liquidar la lengua catalana".

Para la formación anticapitalista es imprescindible que ERC "tome la iniciativa y deje de esconderse tras los claustros y los equipos directivos", y ha acusado a los republicanos de hacer una iniciativa política consistente en "pactar con el PSOE una modificación de la ley de Política Lingüística para introducir el castellano como lengua". Así lo ha dicho en relación al acuerdo por el catalán que han pactado PSC, ERC, Junts y Comuns, que pretende huir de los porcentajes y que reconoce, efectivamente, el castellano como lengua de uso en las escuelas.

Esta modificación de ley está paralizada desde finales del mes de marzo. La propusieron los cuatro grupos y creó un fuerte rechazo social, por lo cual Junts acabó poniendo el freno de mano y dijo que no lo aprobaría hasta existir más consenso. De momento no hay fecha para su aprobación, a pesar de PSC, ERC y Comuns insisten en que es más urgente que nunca aprobarlo. Hoy mismo la republicana Marta Vilalta ha pedido a Junts que sea responsable y avance en este acuerdo y no lo sacrifique a las disputas internas de su formación.

La CUP en cambio exige la retirada inmediata de este acuerdo, y reivindica su iniciativa que proponía el catalán como única lengua vehicular en las aulas: "Sin estado propio es difícil defender el catalán, pero renunciar a plantar batalla como está haciendo el Govern, es permitir que liquiden la inmersión y que salga gratis y sin consecuencias políticas. Ante la falta de de determinación fijamos todas nuestras esperanzas en el conjunto de la comunidad educativa, docentes, familias, estudiantado y la mayoría social del país que consideramos que está comprometida con la defensa de la lengua".

 

Ayer tan pronto como salió el auto del TSJC, el conseller Cambray aseguró que su Departamento presentaría un recurso de reposición contra él, y también quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los docentes, asegurando que no tendrían que cambiar nada. Para la CUP, la gestión del conseller no es suficiente, y es por eso que vuelven a pedir su dimisión o bien que al presidente de la Generalitat Pere Aragonès lo cese.