Una maniobra de "marketing político". Así ha tildado a la CUP tanto el decreto del Govern como la proposición de ley del Parlament sobre el catalán en las aulas, después de que este lunes el Consejo Ejecutivo aprobara el decreto y que esta mañana el conseller Josep Gonzàlez-Cambray haya dado instrucciones a los centros a raíz de la sentencia del 25% del castellano en las aulas. "Tanto el acuerdo político, como las modificaciones legislativas, como el decreto, no son nada más que una maniobra de marketing político. Una intención clarísima para aplicar la sentencia que liquida la inmersión lingüística. Con esta operación política no sólo se ha maniobrado de espaldas al territorio, sino que se ha intentado impedir la oposición a una sentencia injusta", ha cargado el diputado anticapitalista Xavier Pellicer.

Según la CUP, con el decreto se ha abierto la puerta a la segregación escolar por motivos de lengua, y se impide dar una respuesta colectiva al hecho de que se quiera imponer al castellano como lengua hegemónica. "En un momento de clara regresión del catalán en la escuela no tiene sentido aprobar proposiciones de ley, que la retiren," ha dicho Pellicer en el atril del Parlament, que ha insistido en que PSC, ERC, Junts y comuns detengan la tramitación de ley que a estas alturas está parada en la cámara catalana, a la espera de que el Consejo de Garantías Estatutarias emita un dictamen a fin de que siga su tramitación.

"Exigimos que el Departamento elabore un proyecto lingüístico para todos los centros. Hoy no acaba la lucha por la inmersión. Se abre una nueva fase. Habrá que organizarse para garantizar el derecho del alumnado para seguir accediendo a la lengua catalana", ha insistido el diputado, que ha asegurado que la respuesta del Govern a la sentencia era previsible pero que no les ha dejado de sorprender.

 

Inaplicación de porcentajes

Este martes por la mañana la Conselleria de Educación ha enviado las instrucciones que tienen que seguir los centros educativos sobre el decreto ley. Se trata de tres puntos que tienen como objetivo garantizar que el catalán es la lengua vehicular en las escuelas y dejar claro que el Departamento de Educación se hace responsable de cualquier consecuencia jurídica. Se trata del nuevo marco legal del Govern a fin de que el catalán sea la lengua vehicular en la escuela catalana, y que el castellano se convierta en lengua curricular. Una manera de esquivar la sentencia del 25%. De hecho, este mismo martes acaba el plazo impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obliga los centros educativos catalanes a dar al menos un cuarto de sus clases en lengua castellana. Pero el decreto ley aprobado por el ejecutivo de Pere Aragonès subraya la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes" sobre el uso de las lenguas e insiste en que es el Departamento y, en última instancia, el conseller Cambray, quien asume la responsabilidad del proyecto lingüístico de cada centro.