Cambio de opinión. Vox ha situado la nueva ley sobre el catalán en las escuelas como la gota que hace colmar el vaso. Con todo, después que solo ayer los grupos de Esquerra Republicana, Junts, el PSC y los comuns anunciaran que finalmente, y después de una semana de negociaciones a contrarreloj, habían conseguido pactar una propuesta para proteger el catalán en las escuelas ante la injerencia del TSJC. El tribunal había fijado el próximo 31 de mayo como la fecha límite para aplicar el 25% de castellano en las aulas, y el Parlament parecía haber superado este escollo con el acuerdo. Esta mañana, la cámara catalana ya ha llevado a cabo la primera votación para aprobar la medida, y la segunda y definitiva estaba prevista para este viernes, con el objetivo de dejarlo todo terminado.

Ahora, sin embargo, todo queda trastocado. Y es que la formación ultra ha anunciado esta tarde una decisión inesperada: llevar la ley sobre el catalán en el Consejo de Garantías Estatutarias. Se trata de una vía que el grupo de extrema derecha nunca había seguido, ya que desde un inicio han mostrado su rechazo al órgano. De hecho, el líder de Vox, Ignacio Garriga, también ha manifestado este miércoles en rueda de prensa esta visión: "El CGE tiene que ser cerrado porque realiza funciones duplicadas con la administración central", ha avisado.

Pero en momentos excepcionales, decisiones excepcionales. "Es la única salida para paralizar la ley", ha avisado Garriga. Así pues, el diputado ultra ha anunciado que ya se han puesto en contacto con las dos otras formaciones de la derecha españolista en el Parlament, Ciutadans y el Partido Popular, con el fin de llegar a un acuerdo y llevar la ley al CGE. "Estamos a la espera de su respuesta, pero las conversaciones hasta ahora son favorables a explorar esta vía". Y es que este camino se abría como la única opción con el fin de parar, al menos momentáneamente, la tramitación del acuerdo del catalán en el Parlament este mismo viernes. Ciutadans y el PP han comunicado minutos después que se suman a la apuesta de Vox.

 

Parar la ley, el único objetivo

De hecho, el grupo ultra ya ha expresado explícitamente que la única intención de esta maniobra es torpedear la ley del catalán y hacer que esta lo tenga más difícil para prosperar antes del 31 de mayo. "Lo hemos hecho con un único objetivo, que es paralizar este asalto a la legalidad y al derecho de los catalanes", ha dicho Garriga. "Como líder de la oposición y de la reacción nacional, tengo el deber de liderar la defensa de la libertad". Más allá, también ha reconocido el diputado ultra que pretendo "forzar" que el Govern tenga que dar explicaciones sobre cómo ejecutará la sentencia del 25%, respondiendo así a la interlocutoria del TSJC si se consigue que la nueva legislación no se tramita a tiempo.

Estrategia inesperada

La maniobra in extremis de los tres partidos ha tenido una respuesta bien pronto por parte de los grupos que han firmado el acuerdo del catalán. Fuentes de ERC han admitido que no se esperaban que Vox optara por la opción del Consejo de Garantías Estatutarias, puesto que nunca lo habían utilizado hasta ahora y siempre lo habían desprestigiado públicamente.

Con todo, el escenario que se abre a partir de ahora de cara a la tramitación queda en entredicho. La ley se tenía que votar viernes en el pleno, pero con el movimiento de Vox, Cs y PP quedan paralizados todos los trámites a la espera que el CGE emita un dictamen. El órgano tiene siete días hábiles para dictaminar si el texto se adecua en la Constitución y al Estatuto de autonomía. Según cuando llegue la respuesta, podría ser que ya se superara la fecha límite del 31 de mayo que marcó el TSJC. Los tres partidos españolistas no han hecho aún el movimiento, que pueden hacer hasta mañana.