El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid imputa a Alberto González Amador por los presuntos delitos de defraudación tributaria del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 y falsedad en documentación mercantil. La magistrada María Inmaculada Iglesias Sánchez ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía y ha acordado investigar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y citarlo a declarar. La jueza considera que del escrito del Ministerio Fiscal, que señalaba que su empresa había hecho facturas falsas con el objetivo “reducir la tributación”, se desprenden “racionalmente indicios de participación en las conductas penalmente relevantes objeto de la investigación”. La reacción del PSOE no se ha hecho esperar. A través de Twitter, los socialistas piden a Alberto Núñez Feijóo que llame “inmediatamente” a la presidenta madrileña para pedirle la dimisión: “Se acabó el tiempo de ponerse de perfil”.
El origen de todo es un informe procedente de la Agencia Tributaria, en el que constaba que la empresa de González Amador había registrado “un incremento de los ingresos de actividad con ocasión de la intermediación en una operación de venta de material sanitario”. Además, Hacienda aseguraba que la conducta descubierta no era “fruto de un mero error”, sino de una conducta “consciente, deliberada y claramente dolosa” que “merece su reproche penal”. Según recoge el auto hecho público este viernes, la Fiscalía esgrimía que, ante “el incremento del volumen de negocios que había experimentado” en 2020 y en 2021, la empresa se había deducido “indebidamente gastos en virtud de facturas de que no se corresponden con servicios realmente prestados”.
El escrito cifraba el supuesto fraude fiscal en 155.000 euros en 2021 y en 195.951,41 euros en 2021. En total, 350.000 millones de euros defraudados por contratos de mascarillas. Por este motivo, la magistrada de Instrucción número 19 de Madrid ha acordado ahora “incoar diligencias previas y practicar las esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que hayan participado”. También cita a declarar como investigados cuatro ciudadanos más y dos inspectoras de Hacienda para que ratifiquen o aclaren sus informes.
Goteo de informaciones sobre la presunta corrupción de la pareja de Ayuso
Justo hace diez días, la Fiscalía Provincial de Madrid ofreció a Alberto Gonzáléz Amador un acuerdo para que se declarara culpable de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental: el Ministerio Público le propuso que admitiera la comisión de los tres delitos a cambio de una multa y una pena de prisión leve que no implique la entrada en la prisión. Al día siguiente trascendió que González Amador había admitido el 2 de febrero en un escrito que había cometido “dos delitos contra la Hacienda Pública”. Sin embargo, Ayuso lo ha defendido desde el primer día y ha repetido en reiteradas ocasiones que se trata de un “caso turbio de todos los poderes del Estado contra un particular”.
Ahora bien, el informe de la Agencia Tributaria evidenciaba que la pareja de Ayuso había utilizado dos sociedades sin ningún trabajador en nómina, y sin material para trabajar, solo con un ordenador y una impresora. Eso sí, la principal empresa, Maxwell Cremona, con la que facturó 3,7 millones de euros en dos años, tenía dos coches de alta gama. La segunda empresa, Masterman & Whitaker, era “una mera sociedad interpuesta” que tampoco tuvo nunca trabajadores ni medios materiales para hacer los trabajos que le encargó Quirón.
Peticiones de dimisión de Ayuso y comisión de investigación en el Congreso
Ante todas estas informaciones, justo hace dos días, un millar de personas se concentraron delante de la sede del PP en la calle Génova de Madrid para exigir la dimisión de Ayuso. La protesta combinó la indignación por estos casos de corrupción y por los 7.291 abuelos que murieron en las residencias durante la pandemia. Además, justamente ayer el Congreso de los Diputados dio luz verde a la comisión de investigación sobre las contrataciones durante la pandemia, a través de la que el PSOE quiere abordar el caso Koldo y los casos de la pareja de la presidenta madrileña.