La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, defraudó a Hacienda al menos 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021. Precisamente, durante estos años llegó a sextuplicar sus ingresos en relación con los años anteriores como resultado de hacer de mediador en la venta de mascarillas durante la pandemia de la covid, unos negocios gracias a los cuales ganó más de 2 millones de euros. Según revela este lunes El País, la Agencia Tributaria, después de más de 1 año de investigación, ha elaborado un informe que emitió hace 2 meses en que califica el fraude atribuido a González Amador: "La conducta descubierta no es fruto de un mero error, sino de una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que merece su reproche penal". El departamento jurídico de Hacienda considera "oportuno y procedente, a efectos de investigar el fraude, ponerlos en conocimiento del ministerio fiscal".

Investigación abierta

El pasado mes de enero, Hacienda emitió un escrito de denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid, que llevó a abrir una investigación penal que acabó el 13 de febrero presentando una denuncia contra González Amador, acusándolo de 2 delitos fiscales y otro de falsedad en documento público. Aparte, de la pareja de Ayuso también dirigió las acusaciones contra 4 personas más y 8 sociedades mercantiles, muy relacionadas en la emisión de facturas falsas para reducir gastos por servicios mal prestados. El informe del servicio jurídico apunta que Alberto González Amador se había enriquecido gracias a la intermediación en la venta de mascarillas durante el 2020. En su declaración del impuesto de sociedades a través de la empresa Maxwell Cremona, trató de deducirse "gastos irreales y ficticios" a través de "facturas de que no se corresponden con servicios realmente prestados por los emisores de las facturas, teniendo que considerarse por eso falsas o falseadas" - El informe apunta en varias modalidades de fraude cometidos presuntamente por González Amador. Unos delitos que ha reconocido, en parte, a través de un escrito ha admitido que había cometido dos delitos. En concreto, González envió a través de su abogado en un correo donde reconocía: "Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública". El correo electrónico fecha del 2 febrero, mucho antes de que el caso estallara a los medios. Según publicaban la Cadena SER y elDiario.es, el correo recoge como el letrado asegura que es conocedor que la Fiscalía ha recibido una denuncia por parte de la Agencia Tributaria en relación con dos posibles delitos fiscales cometidos en los ejercicios de 2020 y 2021.

La empresa de la pareja de Ayuso presentó una factura de 620.000 euros "que no se pagó nunca" por unos servicios que presuntamente le prestaba la firma de MKE en concepto de comisión por venta de mercancías. Los investigadores apuntan que en el contrato no se especifica ni qué mercancías eran, ni los servicios que se prestarían, ni el porcentaje pagado sobre las ventas. González Amador reconoció ante Hacienda que la factura "no se pagó nunca", y según añade el informe, "los servicios tampoco se prestaron por MKE".

Negocios en costa de Marfil

Los negocios de Alberto González Amador parece que habrían intentado cruzar las fronteras españolas. Según revela el citado diario, una factura falsa por valor de 922.585 euros ha destapado un negocio fallido de la pareja de Ayuso en la venta de mascarillas a costa de Marfil. Hizo de intermediario en la venta de vacunas en una operación donde el negocio era vender dosis de AstraZeneca a 16,9 dólares —unos 15,51 euros—, cuando no tenían un precio de más de tres euros, con el objetivo de repartirse más de dos millones de euros en comisiones con su socio. Para llevar a cabo la gestión utilizó la empresa con la que ya había ganado dos millones de euros durante el 2020 con el negocio de las mascarillas. Finalmente, el gobierno de Costa de Marfil tumbó el negocio por el elevado precio de las dosis, sin embargo, González Amador intentó convencer a Hacienda de que el negocio le había provocado unos gastos inexistentes. Precisamente, esta factura forma parte de los documentos que presentó a Hacienda para intentar pagar menos impuestos. En el momento que los investigadores pidieron más información sobre esta operación, se encontraron, según apunta la Agencia Tributaria, con "justificaciones contradictorias e inverosímiles". Maxwell, la empresa de González Amador, acabó reconociendo "que las vacunas nunca se vendieron y que la comisión no se pagó".