El subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, ha negado este martes en el Congreso que haya un retraso "intencionado" en la tramitación de las peticiones de indulto para los presos políticos del 1-O y ha recordado que el expediente se encuentra en estos momentos en manos del tribunal sentenciador. Bueno ha ido a la Comisión de Justicia para presentar el informe semestral de indultos y, como ha pasado en ocasiones previas, la mayoría de los portavoces parlamentarios han centrado sus preguntas en los doce condenados por el procés.


Desde posiciones ideológicas opuestas, el PP y JxCat han cuestionado el ritmo del Ministerio de Justicia, que empezó a tramitar estos expedientes en septiembre pasado. El subsecretario ha restado relevancia a estas críticas al recordar que también se le cuestionó cuando en la pandemia se reanudó la tramitación de los indultos por interés general y ha querido dejar claro que no hay ni aceleramiento ni retraso intencionados: "Todos los expedientes se tramitan con la máxima celeridad posible, teniendo en cuenta las complejidades", ha afirmado.

Sin calendario

Ante las críticas del diputado de JxCat en lo que ha denominado "dictadura de las togas", Bueno ha defendido la actuación de los tribunales de justicia "de un estado de derecho pleno y plenamente ajustados a la Constitución en su toma de decisiones". El subsecretario no ha entrado en los detalles sobre el punto en el cual se encuentran los expedientes del procés, ya que Justicia está a la espera de que le remita su informe el tribunal sentenciador, es decir, el Supremo.

El alto tribunal tiene ya en sus manos los informes de la Fiscalía, contraria al indulto, y de la Abogacía del Estado, que decidió no manifestarse ni a favor ni en contra, pero destacó que ya se había reparado el daño económico ligado al delito de malversación. Bueno ha recordado que los informes no son vinculantes para el gobierno central y que los indultos son una decisión discrecional, lo cual no significa que sea arbitrario.

Los indultos concedidos

De acuerdo con el informe presentado a la Comisión este martes, en el segundo semestre del 2020 se concedieron 18 indultos parciales y se denegaron 1.646, lo cual supone que recibieron respuesta positiva el 1,08% de los expedientes resueltos. En todo el año pasado se concedieron 28. Es un bajo porcentaje que se sucede en los últimos informes, en los cuales se constata también una disminución en el número de solicitudes, de las 5.000 registradas en 2015 a las 3.226 del 2020.

De los 18 indultos concedidos (cinco hombres y trece mujeres), siete contaban con informe favorable del tribunal sentenciador y de la Fiscalía; diez con informe a favor del tribunal y contrario del ministerio público; y uno con el apoyo del fiscal y no del tribunal.

La mayoría de los indultados estaban condenados por delitos contra el patrimonio (diez), pero también había delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, contra la salud pública y contra la intimidad. Por impacto de la pandemia, se resolvieron 1.664 expedientes, frente a los 1.862 del mismo periodo del 2019, pero Bueno ha destacado que se está recuperando ya el ritmo normal.

El diputado del PP Miguel Ángel Jerez ha considerado que se está alargando la tramitación de los expedientes del procés por "tacticismo político" y el portavoz de Vox, Luis Ruiz Navarro, ha criticado que se pueda hacer política con el cumplimiento de las penas, mientras que desde Unidas Podemos, Martina Velarde ha vuelto a reclamar la medida de gracia para los condenados al estimar que recibieron "penas desproporcionadas".

Imagen principal: Juan Carlos Campo, ministro de Justicia / Europa Press