Cuatro juristas de diferente pensamiento han coincidido en afirmar que la ley de amnistía que impulsa el Gobierno del PSOE para resolver el conflicto político catalán es ajustable en términos legales, pero han discrepado y bastante sobre su tramitación. También han exigido que la ley cumpla los convenios en defensa de los derechos humanos, a pesar de que ni se ha hablado que organismos internacionales exigen al Estado español que derogue la ley de amnistía de 1977 para que se puedan investigar crímenes del franquismo. El acto se ha celebrado este miércoles por la tarde en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), el presidente del cual, Jesús M. Sánchez, ha asegurado que "el colegio es la casa de la libertad y que no tiene complejos en promover debates jurídicos", como ya se hizo con el caso de los indultos a los líderes catalanes. La presidenta del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega, también ha presentado el acto.
"Por todo lo que se escucha fuera de Catalunya, la ley de amnistía es necesaria, pero no de esta forma", ha confesado en la conclusión del debate Gonzalo Quintero Olivares, reconocido catedrático de Derecho Penal, y de quien todo el mundo jurídico lee sus artículos por su lucidez y también por su crítica abierta al gobierno socialista de Pedro Sánchez ante su respuesta a los líderes del procés. Quintero ha asegurado que la amnistía no está prohibida en la Constitución (aunque hay cosas no prohibidas que nunca haríamos, ha precisado) y que es una ley que se auto-regula, que está definida y las amnistías se conocen en la historia y en la cultura popular, aunque ha añadido: "De las franquistas, nada que aprender de ellas." Quintero ha cuestionado que se quiera aprobar en 2 meses y ha hecho mofa del Gobierno: "Dicen que en Moncloa le quieren decir ley de alivio penal, que tiene un punto escatológico, pero no pueden engañar," y ha exigido que la tramitación tiene que ser la de una ley orgánica y sin saltarse pasos.
Joan Ridao, profesor agregado de Derecho Constitucional de la UB, exletrado del Parlament y exdiputado de ERC, ha rebatido a Quintero al recordarle que cuando estaba en el Congreso los partidos mayoritarios, el PP y PSOE, impulsaron una reforma exprés de la Constitución para cumplir con el déficit fiscal exigido por Europa. "Es un debate jurídico, pero eminentemente político; no solo es un tema técnico, sino jurídico", ha afirmado Ridao en el debate. Cuando un abogado le ha preguntado por qué no se promovió la ley de amnistia cuando se dieron los indultos, Ridao ha sido claro: "Ahora está la mayoría política para hacerlo: La amnistía es plenamente constitucional", haciendo referencia que Sánchez necesita ERC y Junts para ser investido.
Amnistía restaurativa y derechos
Por su parte, la síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas, ha hecho una intervención más humanista. "La amnistía forma parte de la vida. Y mientras el indulto es el perdón, la amnistía significa el olvido", ha declarado la jurista. Ha citado Mario Benedetti "el olvido es lleno de memoria" para manifestar que en estos casos la historia queda y el olvido es el legal. Giménez Salinas ha pedido "sentido común" al legislador y que está a favor de una ley de amnistía si "los beneficios son superiores a los perjuicios", además de exponer que "hace falta el máximo consenso posible". Ha recordado el reciente caso de Portugal que ha amnistiado de entrar a la prisión jóvenes condenados, y ha concluido: "Al nombre Amnistía le pondría el apellido restaurativa."
La profesora titular de Derecho Constitucional de la UB, Mar Aguilera Vaqués, también ha compartido que "el marco legal actual permite una ley de amnistía", que se impulsa por "necesidad y oportunidad política". Ha puesto énfasis que esta norma "tiene que garantizar los derechos fundamentales y el respeto a las víctimas", así como el derecho de tutela judicial efectiva y de defensa. Aguilera ha descartado, además, que esta ley respeta la separación de poderes, ya que ha recordado que la amnistía se tiene que aprobar por una ley orgánica, la cual requiere una mayoría amplia del Parlamento.
Los beneficiados
Los juristas también han estado de acuerdo que es el legislador quien tiene que dejar claro si impulsa la amnistía para un tiempo concreto o por unos hechos, pero que esta no puede ser a medida de unas personas. En este sentido, Quintero ha hecho reír a los suyos afines cuando ha dicho: "He leído que quieren amnistiar a la familia Pujol y a la señora Borràs.". De forma ilustrativa, ha indicado que "no se puede congelar dos meses el Código Penal y solo para unas personas concretas". Y ha recordado que cualquier resolución tendrá que ser supervisada por un juez.
Para Ridao la amnistía es "una justicia transicional que busca la paz social".