A pesar de formar parte de la mayoría que validó este jueves el decreto del gobierno en materia de transporte público interurbano por carretera "por responsabilidad", ahora Junts anuncia la presentación de una proposición de ley para exigir el conocimiento del catalán por parte del personal de este sector. Concretamente, la iniciativa de Junts planteará modificar el decreto aprobado para incorporar explícitamente que el personal del servicio tenga como requisitos necesarios los mínimos conocimientos del catalán, fijados en un nivel B1, en el marco de la renovación de la flota y el incremento de la oferta de servicios que se pretende conseguir con el decreto del Govern. Al ser un decreto del Govern, el Parlament tenía la oportunidad de tramitarlo como proyecto de ley para enmendarlo e introducir, por ejemplo, este requisito explícito de nivel de lengua, pero la portavoz de los independentistas, Judith Toronjo, ha advertido que aprobaron el decreto "por responsabilidad", ya que "el país no se podía permitir quedarse sin servicio de buses en plena crisis de Rodalies y con muchos municipios que dependen absolutamente de esta conexión".
Toronjo ha subrayado que el decreto "va acompañado de un plan de mejoras para descarbonizar la flota con 1.400 nuevos autobuses, más frecuencias y nuevas rutas" y ha advertido que tramitarlo como proyecto de ley "habría puesto en riesgo llegar a tiempo ante la emergencia de movilidad que vive el país". Asimismo, ha recordado que "este decreto completaba la ley vigente que actualmente ya obliga a la atención en catalán". En un comunicado, los de Carles Puigdemont engloban esta medida en una "ofensiva legislativa" para garantizar el conocimiento del catalán entre los trabajadores del transporte público, que contempla una modificación de la ley ferroviaria y la ley del taxi. Más allá de la proposición de ley, Junts presentará una propuesta de resolución para "reforzar el seguimiento" de la revisión de concesiones del transporte interurbano por carretera.
Una "oportunidad perdida"
Plataforma per la Llengua cargó el jueves contra la convalidación del decreto del Govern con el apoyo de PSC, ERC y Junts, "partidos que dicen defender la lengua", sin forzar una tramitación como proyecto de ley para poder incorporar "cláusulas lingüísticas". La entidad ha considerado el decreto como una "oportunidad perdida" para "garantizar la atención en catalán" y que "deja en la estacada los derechos lingüísticos de los usuarios en servicios públicos esenciales como son los transportes por carretera". Una iniciativa que consideran "contraria al Pacte Nacional per la Llengua" que ha impulsado el Govern.
No obstante, los de Puigdemont subrayan que el actual decreto "completó la ley vigente que actualmente ya obliga a la atención en catalán" a los usuarios de los servicios de transporte público interurbano. La diputada también ha remarcado que Junts ya anunció durante el debate parlamentario que impulsaría iniciativas legislativas para garantizar la presencia del catalán en el transporte público. "Ya advertimos durante la tramitación del decreto que presentaríamos las iniciativas necesarias para incorporar las medidas que garanticen el conocimiento de la lengua catalana a todo el personal del transporte público", ha afirmado.