La Comisión de Venecia, que hace un año y medio avaló la ley de amnistía para la “reconciliación” y concluyó que era “lógico” que la norma levantara las órdenes de detención, está de visita en España para estudiar el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entre el lunes y el martes, una delegación del órgano consultivo del Consejo de Europa se ha reunido, entre otros, con las asociaciones de jueces y fiscales, con el ministro Félix Bolaños y con la Abogacía Española. Y hoy ha pasado por el Congreso de los Diputados y por el Senado para reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia. Junts y ERC lo han aprovechado para poner encima de la mesa la rebeldía del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía a la malversación atribuida al 1 de octubre, cosa que ha excluido a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de la norma del olvido penal (a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional).
En su intervención delante de la delegación de la Comisión de Venecia, el líder de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha denunciado la “resistencia a aplicar” la ley de amnistía por parte de algunos jueces, que “frenan una ley aprobada por el Congreso por razones políticas” y ha recordado que “continúan abiertas decenas de causas contra los independentistas”. Asimismo, según ha podido saber ElNacional.cat, ha reprobado que haya jueces que “opinan públicamente ejerciendo directamente un altavoz” y que, si conviene, “desautorizan o atacan a instituciones que han sido elegidas en las urnas”. “Han sido premiados jueces contrarios a la independencia de Catalunya y han sido castigados jueces que defendían derechos fundamentales”, ha señalado. “Si el sistema de nombramiento de cargos no se reforma, los catalanes no podemos confiar en esta justicia”, ha remachado. Y ha hecho una doble petición a la Comisión de Venecia: que exija “mecanismos de salvaguardia europea para proteger el pluralismo democrático en el estado” y que inste una reforma que acabe con una “justicia utilizada políticamente contra una opción política legítima como el independentismo”.
En nombre de ERC, la senadora Laura Castel y la diputada Pilar Vallugera han alertado a la Comisión de Venecia de que “la falta de imparcialidad” de la judicatura española “bloquea la aplicación” de la amnistía y han denunciado que, en los últimos años, el “sesgo ideológico profundo” a la alta judicatura española “ha desembocado en un activismo político abierto, incluyendo actos de rebeldía ante normas emanadas del legislativo”. “Este sesgo pone en cuestión la debida imparcialidad de los tribunales encargados de aplicar la ley de amnistía, y evidencia un caso flagrante de politización de la justicia”, lamentan los republicanos. Pilar Vallugera ha reprobado que la judicatura española “se ha convertido en un actor político que bloquea la voluntad popular expresada al Congreso y al Senado, situándose en una clara rebeldía abierta contra el legislativo” y ha subrayado que eso es una “anomalía histórica”. Además, Laura Castel ha destacado que la independencia judicial “no puede ser sinónimo de impunidad”, ya que en una democracia “todos los poderes emanan del pueblo y tienen que rendir cuentas delante de él”.
“Ninguna transición democrática real en el ámbito judicial después del franquismo”
En el capítulo del CGPJ, ERC ha querido recordar a la Comisión de Venecia que la justicia española “no hizo ninguna transición democrática real después del franquismo” en el ámbito judicial. “Los tribunales cambiaron de nombre, pero los jueces procedentes del régimen dictatorial se mantuvieron en sus cargos. Es un ejemplo el Tribunal de Orden Público, reconvertido en la actual Audiencia Nacional, sin ninguna depuración ni renovación democrática real”, alegan desde las filas republicanas.
Asimismo, ERC ha recordado que el CGPJ “ha protagonizado numerosos casos de nombramientos escandalosos sin mérito ni capacidad, que evidencian una dinámica de opacidad y de falta de responsabilidad democrática”, unas decisiones que consideran que “tendrían que poder ser explicadas delante de los representantes de la soberanía popular”. Finalmente, ha alertado que “cuatro de las cinco principales asociaciones de jueces y magistrados son claramente conservadoras”, cosa que “no refleja la pluralidad ideológica de la sociedad española” y que es una “anomalía” que se debe a un “sistema de oposición que favorece determinadas élites sociales e ideológicas”.
“El sistema es un reparto de cuotas que ha cronificado la politización judicial”
Por su parte, Eduard Pujol ha censurado que el pacto entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ después de cinco años y medio con el mandato caducado respondió a su necesidad de “mantener el control político de la justicia” y permitió “mantener la crónica falta de independencia del poder judicial”. “El sistema es un reparto de cuotas con apariencia de consenso institucional, se ha perpetuado y cronificado la politización judicial”, ha denunciado el líder de Junts en el Senado. “El sistema no garantiza los derechos de los que somos, dentro del estado, minoría política”, ha apostillado. Y ha recordado que el bloqueo se ha utilizado para “mantener a jueces que todo el mundo conoce por su comportamiento hooligan contra el independentismo”.
En todo momento, Eduard Pujol ha sacado a colación la situación en Catalunya. “El problema estructural de la justicia se traduce en la vulneración de derechos fundamentales en Catalunya”, ha lamentado. Asimismo, ha recalcado que el diseño del CGPJ ha permitido “criminalizar derechos políticos básicos como votar o manifestarse pacíficamente” y que la “falta de garantías” ha acabado con “centenares de causas contra políticos o líderes cívicos” en “causas arbitrarias”. En este contexto, los juntaires abogan por impulsar “plazos estrictos e improrrogables” para renovar el CGPJ, “mecanismos automáticos de renovación” y “bloqueo en la percepción de sueldos”.