Junts y ERC han acusado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de “vulnerar derechos” de personas independentistas durante la visita del Papa a la Sagrada Família de Barcelona, en el contexto de la expulsión de los 600 cantantes. El ministro, sin embargo, ha defendido la actuación policial y ha recordado el papel del Govern español en favor de “la convivencia” en Catalunya, con la aprobación de la ley de amnistía y los indultos a los condenados por el procés. En una comparecencia en el Congreso para explicar las circunstancias de la muerte de dos guardias civiles que luchaban contra el narcotráfico en Huelva, Marlaska ha asegurado que, en Barcelona, la Policía priorizó “el orden público” y que no hubo ninguna limitación al ejercicio de la libertad de expresión, que ha definido como “la base y el pilar básico de un estado de derecho”.
El ministro ha añadido que esto no significa que, en un acto concreto, se deba permitir cualquier símbolo político o ideológico que pueda alterar su desarrollo. Según ha explicado, había “una prohibición expresa” sobre la presencia de signos políticos en los actos eclesiásticos celebrados durante la visita papal. Por eso, ha felicitado a la Policía Nacional y a los Mossos d’Esquadra por una labor “extraordinaria” que, según él, “ni se vio ni alteró el desarrollo” del acto.
La diputada de Junts Marta Madrenas ha sido la más contundente en la crítica. Ha denunciado una “vulneración de derechos” y ha explicado que varios cantantes habrían sido apartados porque, según las denuncias, llevaban esteladas entre las partituras y podían interpretar Els segadors, el himno de Catalunya. Madrenas ha calificado los hechos de “una gravedad extraordinaria porque significa que se consideró un riesgo muy grave interpretar el himno oficial nacional de Catalunya en Catalunya”. También ha afirmado que “la Policía restringió ilegalmente derechos fundamentales” y que “en la Sagrada Família no había violencia, ni intentos, ni ningún riesgo ni amenaza, sino ciudadanos ejerciendo pacíficamente sus derechos”.
La diputada de Junts ha tildado de “verdadera vergüenza” y de “escándalo jurídico” la respuesta de Marlaska, a quien ha reprochado que no reconociera que la actuación policial fue incorrecta e ilegal y que, además, felicitara a los agentes. “Cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de derecho sabe que se están conculcando de manera flagrante los derechos a la libertad de expresión de estas 600 personas”, ha denunciado.
Madrenas ha pedido al ministro que revise los protocolos policiales y que asuma "una cierta responsabilidad política". También ha dicho que desea una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España. "La Policía Nacional debe respetar el derecho de los catalanes a llevar una estelada donde les apetezca: delante del Papa, en un campo de fútbol o en un acto presidido por el rey. La calidad democrática de un Estado no se mide por cómo trata a quienes piensan igual, sino por cómo protege a quienes discrepan. Y la semana pasada el Estado suspendió este examen", ha concluido.
Por parte de ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro Vidal también ha cuestionado la actuación policial durante la visita del Papa y ha considerado "insatisfactorias e inadmisibles" las explicaciones del titular de Interior. "Fue una actuación fuera de lugar, exagerada, insólita, contraria a principios básicos de una sociedad pluralista y más propia de unas fuerzas de seguridad de un Estado autoritario que de una democracia, que conste", ha afirmado.
El diputado ha advertido que a menudo en el Congreso se habla de los "peligros" de la extrema derecha, pero ha sostenido que hay actuaciones actuales que "las podría tener un ministro ultra". "No cambiaría mucho si el ministro del Interior fuera el señor Abascal, porque no son actuaciones democráticas", ha dicho.
El diputado republicano también ha expresado preocupación por la agresión de un agente a una docente en una manifestación del profesorado en València. "No entendemos que en una policía del siglo XXI se produzcan estos hechos. Es incomprensible que un servidor público trate a una ciudadana de esta manera", ha afirmado. Según Álvaro Vidal, no se trata de "un hecho aislado", sino que hay "un patrón".