Junts per Catalunya vuelve a la carga contra el Tribunal de Cuentas. La formación independentista ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con un objetivo: retirar la función jurisdiccional —la capacidad de enjuiciamiento— al órgano fiscalizador para devolverla al poder judicial, que creen que es quien siempre tendría que haber ejercido esta función. El diputado Josep Pagès ha denunciado que se trata de una "institución franquista" que permaneció en la Constitución del 78, una "jurisdicción especial inaudita".

En la exposición de motivos de la iniciativa, Junts critica que "la Constitución no atribuyó directamente ninguna función jurisdiccional al Tribunal de Cuentas", pero que "el constituyente forzó la introducción de esta posibilidad sólo por motivos espurios". En primer lugar, "para permitir la continuidad de una jurisdicción especial y privativa atribuida al principio del siglo XIX a la institución que presentaba un claro sesgo absolutista y colonial". En segundo lugar, "para dar respuesta a las presiones de los empleados y miembros del Tribunal de cuentas franquista, que veían peligrar sus puestos de trabajo".

Según Junts per Catalunya, esta capacidad de juzgar en el ámbito de la responsabilidad contable "contradice el principio de división de poderes" y "atenta directamente contra los principios básicos del Estado de derecho". En este sentido, consideran un "deber democrático" que esta función jurisdiccional sea devuelta a la jurisdicción contenciosa del poder judicial, "que es de donde nunca tendría que haber salido". Según la proposición de ley, el Tribunal de Cuentas ejerce una actividad "plenamente judicial sin formar parte del poder judicial ni estar tan sólo compuesto por juristas", una actividad "exenta de una verdadera revisión judicial y queda fuera de un control judicial sustantivo".

Además, la "dependencia" que tiene el ente fiscalizador de las Cortes y el hecho de que ejerza sus funciones "por delegación" de ellas "confirma que no estamos delante de un órgano que pueda acoger una función jurisdiccional sin provocar una grave disfunción constitucional", denuncian desde la formación independentista.

En la rueda de prensa este martes, el portavoz de Justicia de Junts al Congrios, Josep Pagès, ha denunciado que se trata de una potestad "inaudita" en Europa, que deja a España "más cerca de Polonia que de la Unión Europea".

¿Quién juzgará a los independentistas?

La letrada de la Comunidad de Madrid y vocal designada a propuesta del PP, Elena Hernáez, asumirá el caso contra los líderes independentistas por los gastos del 1-O y de la acción exterior entre 2011 y 2018. Así se hizo público después de que, hace dos semanas, el Tribunal de Cuentas celebrara el primer pleno para repartir las carteras de los nuevos vocales surgidos del proceso de renovación. Hernáez seguirá la tarea de la exministra del PP, Margarita Mariscal de Gante, que dio por cerrada la instrucción justo antes de su cese en el marco del relevo.