El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes el decreto ley de vivienda impulsado por el Gobierno después de que Junts haya votado en contra conjuntamente con el PP y Vox, mientras que el PNB se ha abstenido. La derrota parlamentaria del ejecutivo de Pedro Sánchez certifica también el rompimiento político entre Junts y Sumar, en un clima de máxima tensión. La norma decae a pesar de que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había defendido que la prórroga de los contratos de alquiler y el límite del 2% en la actualización de las rentas eran medidas “concretas” y con amplio apoyo social. El ministro ha advertido que rechazar el decreto deja “casi tres millones de personas a su suerte”, pero no ha conseguido cambiar el posicionamiento de los grupos.
Rufián carga contra Junts en un debate de alta tensión
El debate ha estado marcado por una dura confrontación entre ERC y Junts. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha protagonizado una de las intervenciones más agresivas de la legislatura, acusando a los juntaires de alinearse con la derecha española. “Comparten bandera con PP y Vox”, ha afirmado mientras mostraba un billete de 50 euros en el hemiciclo. Rufián ha ido más allá y ha ironizado dirigiéndose a la diputada juntaire como “señora Madrenas de Vox”, en referencia a Marta Madrenas, y ha calificado la votación como “una de las peores” que ha vivido en el Congreso. También ha cuestionado los intereses de Junts y ha interpelado directamente a sus diputados, preguntándoles si tienen vínculos con el sector inmobiliario. El dirigente republicano ha defendido el decreto como una medida social imprescindible ante el encarecimiento de los alquileres y ha puesto el foco en la situación de los inquilinos, especialmente en Catalunya.
Junts mantiene el ‘no’ y denuncia defectos jurídicos
Por su parte, Madrenas ha defendido sin fisuras el voto contrario de Junts, reiterando que el decreto es “propaganda jurídicamente muy defectuosa” y que no constituye una política de vivienda efectiva. La diputada ha criticado tanto la prórroga obligatoria de los contratos como el límite del 2%, que considera “arbitrario” y sin base económica. Según Junts, el texto genera inseguridad jurídica y puede provocar un aumento de la litigiosidad, además de no resolver el problema estructural de la vivienda. Los juntaires apuestan por incentivos fiscales y por aumentar la oferta como alternativa. Este posicionamiento consolida la estrategia de distanciamiento con el Gobierno y, especialmente, con Sumar, con quien la relación está rota desde mediados de abril tras el enfrentamiento con la vicepresidenta Yolanda Díaz. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ya anunció entonces la suspensión de relaciones con el espacio político de Díaz.
Rifirrafe abierto entre PSOE y Sumar
La sesión también ha evidenciado la creciente tensión dentro del gobierno de coalición. Dirigentes de Sumar han acusado al PSOE de no haber trabajado lo suficiente para garantizar una mayoría parlamentaria, mientras que los socialistas han reprochado a sus socios que “se equivocan de adversario”. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha salido al paso de las críticas asegurando que el gobierno sí que ha negociado con los grupos y ha pedido a Sumar que no desgaste al ejecutivo. Mientras tanto, diputados del espacio de Díaz han cargado tanto contra el PSOE como contra Junts y el PNB por su posición.
Por otro lado, el diputado de Vox, Carlos Hernández, ha responsabilizado al Gobierno del encarecimiento de la vivienda por no haber incrementado la oferta y ha criticado que el decreto “aplaza y agrava” el problema porque es “pan para hoy y hambre para mañana". Ha advertido que el cambio regulatorio generará desconfianza entre los propietarios y puede provocar una retirada masiva de viviendas del mercado, y ha exigido al ejecutivo que deje de hacer “chapuzas”, facilite la construcción y limite la demanda de vivienda, incluyendo los grandes fondos. Por su parte, el diputado del PP, Daniel Pérez, ha reprochado la ausencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la defensa del decreto, una crítica compartida también por miembros de Sumar. Pérez ha sostenido que el debate responde más a una necesidad política de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder que a una convicción real del PSOE sobre la medida.