La reforma legal pactada entre el gobierno y Junts para obligar a las grandes empresas a tener servicios de atención al cliente en las diferentes lenguas cooficiales del Estado ha sido aprobada en comisión este miércoles. Esta iniciativa del ejecutivo español pretende mejorar el servicio a los consumidores y, entre otros objetivos, quiere garantizar el uso de lenguas como el catalán, el vasco o el gallego. Según el redactado validado en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, es necesario “asegurar” que la atención al consumidor se haga en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales cuando el servicio se dirija a usuarios de comunidades que tengan idiomas propios. La norma, que ahora deberá validarse en pleno, también prevé acciones para acabar con las llamadas 'spam' de las empresas.
La aprobación de la ley en comisión se ha producido después de que, en septiembre, Junts y el gobierno pactaran una serie de cambios al Proyecto de Ley de Atención al Cliente con el objetivo de asegurar la protección de los derechos lingüísticos de los consumidores. Este acuerdo generó reticencias en algunos sectores: la patronal CEOE advirtió de los posibles costes añadidos que comportaría la norma, mientras que el PP la interpretó como una nueva concesión a la formación de Carles Puigdemont. En cambio, las asociaciones de consumidores valoraron positivamente la iniciativa, que retoma proyectos similares que en legislaturas anteriores no habían prosperado.
En su intervención durante el debate de votación, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha señalado que la nueva norma implica “un cambio sustancial con respecto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos”. Según ha explicado, “prevalece lo que dirá la norma de aplicación en Cataluña por encima del ámbito de aplicación de esta ley”, destacando la “protección competencial” que conlleva. Sin embargo, ha puntualizado que Junts ha mantenido el voto contrario a las enmiendas del gobierno, en coherencia con la “nueva realidad” de las relaciones entre la formación y el ejecutivo.
Desde ERC, el diputado Jordi Salvador ha remarcado que la ley reconoce “derechos concretos” para los ciudadanos, ya que obliga a las grandes empresas a ofrecer una atención adecuada y a evitar “laberintos telefónicos”. También ha puesto de relieve que finalmente se blinda el derecho a ser atendido en la lengua propia. “Por primera vez se reconoce por ley que la ciudadanía tiene derecho a ser atendida en catalán. Deja de depender de la buena voluntad de la compañía y pasa a ser una obligación jurídica”, ha afirmado.
Las llamadas SPAM
Entre las modificaciones introducidas al texto legal, hay una que prohíbe las llamadas ‘spam’. Esta propuesta, impulsada inicialmente por Sumar, ha contado con el apoyo de Junts, ERC y el PP, que han incorporado ajustes para proteger a las pequeñas empresas y evitar situaciones de oligopolio. La medida establece que las llamadas comerciales deban utilizar un prefijo específico y que las operadoras bloqueen las que provengan de números de tarificación especial. Además, según ha remarcado el Ministerio de Consumo, quedarán vetadas las llamadas comerciales sin consentimiento previo y se declararán nulos los contratos cerrados en estas condiciones.