Los observadores internacionales del juicio al procés han denunciado la falta de imparcialidad del magistrado Manuel Marchena durante la quinta semana de la vista por el hecho de haber trasladado al Mayor Josep Lluís Trapero una pregunta que anteriormente no había permitido realizar al fiscal.
Los observadores del International Trial Watch consideran que esta manera de actuar de Marchena podría ser un indicio de falta de imparcialidad objetiva del tribunal de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El informe de los observadores destaca que el magistrado está limitando, sobre todo a las defensas, la posibilidad de interrogar o repreguntar a los testigos sobre cuestiones que la parte que los ha propuesto no ha tratado. Una limitación, apuntan, "que no está prevista en la ley y de la que esta semana afloran sus consecuencias más negativas", aseguran.
Los expertos explican que al protestar una defensa a fin de que el fiscal no realizara una pregunta en este sentido, ha sido el mismo Marchena el que ha trasladado esta misma pregunta al testigo, en este caso el Mayor Trapero. Aquí habría falta de imparcialidad objetiva de Marchena, según los observadores.
Falta de memoria
Los observadores también recriminan a Marchena que haya reprochado a ciertos testigos su falta de memoria, cuando con otros no lo ha hecho, advirtiéndoles que podrían ser investigados por falso testimonio. Se refieren al caso de Jaume Mestre, responsable de Difusión de la Generalitat, que fue advertido por Marchena cuando respondió en varias ocasiones que no recordaba lo que le preguntaban, cosa que no hizo con Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o Ignacio Zoido.
Los expertos consideran que "si el presidente [de la sala] avisa a un testigo, ante la falta de respuesta por laguna de memoria, eso puede representar una negativa a contestar, esta reprobación puede condicionar aquello que a continuación pueda decir el testigo".
En su informe semanal, también recuerdan que hay citados como testigos imputados en otros procedimientos y por lo tanto están protegidos por el derecho a no declarar contra sí mismos. Por lo tanto pueden negarse a declarar y no están exonerados de decir la verdad. Por este motivo consideran que el hecho de que Marchena "los obligue a jurar o prometer decir verdad, además de no estar previsto en la ley, puede estar coaccionando su declaración".
El informe ha sido elaborado por Ralph J. Bunche, secretario general de Unrepresented Nations and People Organization; Hannibal Uwaifo, socio director en African Bar Association, y Ricardo Juan Sánchez, profesor de derecho procesal en la Universidad de València.