La diplomacia española asegura que los derechos a la "presunción de inocencia, a la defensa, a la no autoinculpación o a un juicio justo" están "protegidos rigurosamente" en España, incluso "más que en la mayoría de Europa". En un documento sobre el juicio del 1-O que el ministerio de Asuntos Exteriores español difunde después de las reuniones que mantiene sobre la situación política en Catalunya y a las cuales ha tenido acceso la ACN, se afirma que el Tribunal Supremo es "absolutamente independiente" y que los derechos de los políticos independentistas juzgados están "garantizados". Al texto, también se describe la prisión preventiva como una opción que "cumple con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Convención Europea de Derechos Humanos" y que los jueces españoles han considerado "justificada" en el caso del juicio del 1-O.

"Los hechos cometidos entre septiembre y octubre del 2017 fueron ilegales y por eso los examina un juicio en el Tribunal Supremo", dice el documento, de tres páginas y que responde a dos preguntas: "¿Qué pasó en septiembre y octubre del 2017?" y "¿Cómo se desarrolla el caso criminal?".

El argumentario de los diplomáticos del ministro Josep Borrell y la secretaria de España Global, Irene Lozano, defiende que el juicio se hace "con todas las garantías inherentes en un estado democrático de derecho". "La justicia española es independiente del poder ejecutivo y el legislativo", defiende, añadiendo que aunque sea "común" definir a los jueces "como progresistas o conservadores, la realidad es que sus decisiones no se basan en la política, sino en criterios estrictamente legales".

"Los derechos individuales son protegidos rigurosamente en las causas criminales españolas, más que en la mayoría de Europa. Los procesos respetan los derechos fundamentales de los acusados: la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a no autoinculparse y a un juicio justo", dice el texto.

El documento niega que los 9 políticos encarcelados se puedan considerar presos políticos y dice que están acusados de "rebelión, sedición y malversación de fondos públicos", unos crímenes "definidos por el código penal español" y que "con definiciones más o menos parecidas, están incluidos en los códigos penales de la mayoría de democracias occidentales".

De hecho, el texto asegura que "ninguna organización intergubernamental que opere en la esfera de los derechos humanos ni ninguna ONG" ha descrito a los presos como "presos políticos". El texto dice que algunas ONGs "han criticado la duración de la prisión provisional a la espera de juicio", pero no menciona que algunas, como Amnistía o la Organización Internacional Contra la Tortura, han pedido la liberación de los Jordis.

En este sentido, el argumentario justifica la prisión preventiva como una opción legal en España y amparada en la normativa europea. "Bajo la ley española, la decisión de adoptar la prisión provisional es totalmente del juez. Esta medida, prevista por la ley española, como por todos los países comparables, incluso con plazos más largos, cumple con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención Europea de Derechos Humanos. En el caso que se trata, el tribunal ha considerado la medida justificada por unas o más circunstancias: el riesgo de fuga, el riesgo de reincidencia o la destrucción de pruebas", dice el documento.

Los hechos del otoño del 2017

Con respecto a los hechos de los meses de septiembre y octubre del 2017, el argumentario de la diplomacia española los define como "ilegales" y dice que, en el Parlament de Catalunya, "se violaron los derechos democráticos de la oposición no secesionista". El documento describe los hechos del 20 de septiembre delante de la conselleria de Economia como "disturbios" y dice que "se destruyeron vehículos policiales".

El texto también habla del referéndum del 1-O, que dice que "no tuvo las mínimas garantías democráticas" porque "no había registro de votantes, ni campaña por el no". "Hubo múltiples irregularidades, y el procés no fue observado por ninguna institución internacional reconocida (OSCE, Consejo de Europa, UE)", añade el documento, que dice que la votación se hizo en "circunstancias absolutamente irregulares" y "considerable tensión".

La diplomacia española admite que hubo "incidentes de violencia policial, algunos de los cuales están bajo revisión de las autoridades judiciales" pero asegura que "no fue sistemática". "Dos personas fueron admitidas al hospital", indica, sin dar más cifras de heridos, ni de civiles ni de policías.

El documento también apunta que el entonces presidente Carles Puigdemont "rechazó el llamamiento del Gobierno para nuevas elecciones y para la restauración de el orden constitucional y estatutario".

En este sentido, se asegura de que la aplicación del Artículo 155 se aprobó por "un periodo limitado de tiempo y para centrarse en retirar las autoridades del gobierno Puigdemont y convocar elecciones". Así, según el documento, el Artículo 155 "sirvió para restaurar el funcionamiento adecuado de las instituciones de Catalunya y evitar que siguieran con un uso ilegal de los recursos de la región".

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