La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la mayor red de oenegés que luchan, entre otras cuestiones, contra la tortura y las detenciones arbitrarias, ha dirigido una carta abierta al presidente español, Pedro Sánchez, y a la fiscal general del Estado, María José Segarra, para reclamar la "inmediata e incondicional" puesta en libertad del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, por considerar que su encarcelamiento preventivo es "arbitrario".

En la carta abierta, que está también dirigida al defensor del pueblo y firmada por el secretario general del OMCT, Gerald Staberock, la organización reclama acabar con el acoso, incluido el judicial, contra Cuixart y Sànchez y garantizar el derecho a un juicio justo; que se ordene que los hechos sean examinados por su juez natural, en aplicación al derecho a igualdad ante los tribunales, transfiriendo la causa en un tribunal ordinario y competente para juzgar acontecimientos que han sucedido en Catalunya.

Asimismo, pide que se garantice que los encausados se puedan beneficiar del doble grado de jurisdicción, es decir, disponer de una instancia de recurso que los presos políticos no tienen dado que están siendo juzgados directamente por el Supremo.

De hecho, en la argumentación previa a estas reclamaciones, la OMCT se muestra especialmente preocupada por el hecho de que Cuixart y Sànchez sean juzgados por el Supremo, lo cual los deja sin una segunda instancia para la apelación, pero también por el funcionamiento de la justicia española. En este sentido, recuerda que los jueces del Supremo son nombrados por el CGPJ, que describe como un órgano muy cuestionado por las interferencias políticas en la designación de sus miembros, lo cual puede poner en peligro la independencia de los altos cargos del poder judicial.

En opinión de esta organización, la naturaleza política del juicio contra los líderes independentistas se pone en evidencia por el hecho de que está participando como acusación particular en el juicio la formación de extrema derecha Vox.

Derechos y libertades

La ONG pide al Estado que cumpla con todas las obligaciones internacionales de respetar los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión y la libertad de asociación y reunión, tal como fija el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En este punto, el texto reclama modificar la ley Mordaza y el Código Penal para garantizar los más altos estándares internacionales de los derechos humanos en relación con el derecho a la protesta social.

Finalmente, exige que se garantice en todas las circunstancias el respecto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y los instrumentos internacionales ratificados por España.

El texto, que hace una exhaustiva y documentada relación de los hechos producidos en torno a la detención de los dos líderes independentistas, recuerda que el 4 de octubre de 2017 esta organización ya criticó el uso indiscriminado y excesivo de la fuerza por parte de la policía el 1-O en Catalunya y solicitó una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de las intervenciones policiales que podrían constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante.