Falta mucho juicio todavía. Nada más estamos en la fase inicial y ni tan sólo han acabado de declarar a los acusados. Pero las cuestiones previas y los interrogatorios, sí que pueden dar una idea de qué cartas jugará cada parte.

Oír la voz de los acusados y sus argumentos ha generado un estado emocional triunfalista. Pero por mucho que los procesados tengan salidas irónicas o en algún momento la Fiscalía parezca quedar fuera de juego, en la Fiscalía no la juzgan. Y menos todavía a la Abogada del Estado que es la diana fácil de las críticas ante intervenciones cada vez más justas y vacías de contenido y faltas, parece, de objetivo. Juzgan los miembros del gobierno, los jordis y en Carme Forcadell. Y el tribunal está pendiente de lo que dicen ellos, no de cómo preguntan los otros.

Eso sí, son inocentes hasta que no se demuestre el contrario. Y son las acusaciones quien tienen que demostrar la culpabilidad. ¿Como a las películas? bien, cómo dice el código penal y la ley de enjuiciamiento criminal.

Por eso es importante ver el juicio como un relato de ir probando los delitos. Ni se trata de un programa de televisión, por mucho que se emita en directo, ni de un pleno del Parlamento. Aquí los acusados tienen derecho a mentir y la Fiscalía a rebajar el delito o subirlo en función de lo que vaya quedando probado en el juicio.

Y esta es la clave.

De momento, y a la espera de ver la prueba y los testigos, la Fiscalía se ha limitado a intentar probar la malversación, cuando se trata del Gobierno.

Con el caso de Jordi Sànchez es diferente. Los jordis están en prisión preventiva para animar las masas el 20 de septiembre e incitar a la sedición, según el escrito de acusación. Están procesados por rebelión y la Fiscalía necesita probar la violencia. Por eso el interrogatorio de Javier Zaragoza del jueves a Jordi Sànchez no se movió mucho de delante de el departamento de economía. Tienen unos coches y una multitud cifrada en 60.000 personas que por muchas canciones de la Trinca que canten la Fiscalía ve un riesgo y una prueba de incitación a la violencia. Desde el primer momento sabíamos que la acusación más débil es la de los jordis y los argumentos para mantenerlos en la prisión, escasos.

 

 

El interrogatorio a Jordi Sànchez, ha sido el único intento que ha hecho el ministerio público por probar la violencia. En los interrogatorios en el Gobierno, ni lo intentó. Una pregunta hizo sólo a los acusados. Pero se centró en la malversación.

La publicidad, Unipost y TV3

La obsesión de la acusación es la campaña de publicidad. Porque no han encontrado nada de urnas. Las papeletas se requisaron el 20-S y los sobres con las notificaciones en los componentes de las mesas también. Los tenía que repartir Unipost. Por eso, la empresa de mensajería sale cada día de juicio. Pero no se han encontrado facturas.

Hay una factura de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Algunas fuentes apuntan que se hace después de que el juez de instrucción del 13, que también estaba obcecado con las campañas de publicidad, interrogue a los responsables de la corporación. Meses después del 1-O. Pero no hay pruebas que se pagara nada. La factura se vio durante el interrogatorio a Jordi Turull.

De hecho, todos los consellers explican que hay un acuerdo que permite las campañas gratuitas cuando sueño institucionales. Y esta lo era.

Expediente Montoro

El otro hecho complejo que tiene que combatir la Fiscalía si quiere demostrar el delito de malversación es probar que el Estado no intervino las cuentas bien o tuvo escapes. Porque desde el mes de julio que las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas y el Ministro de Economía Cristóbal Montoro preservó su departamento muy claramente en el Senado cuando expone que el 1-O no se ha pagado con dinero público.

 

 

También hay un informe de Hacienda que se aportar primero al juzgado de Instrucción 13 y después en el Tribunal Supremo que niega que se gastaran dinero público con el referéndum.

A Montoro lo escucharemos el martes al juicio. Y el informe de Hacienda saldrá en el momento de presentar la pruebas.

Santi Vila dio pistas en su declaración de cómo se habría pagado el referéndum burlándose el Estado y eximiendo de responsabilidades a sus compañeros de Govern.

 

El delito de malversación está penado entre 2 a 8 años de prisión según la gravedad. Si llega a demostrarla, supondría una rebaja considerable de las penas que se piden ahora y vería justificado cambiar una acusación de máximos por una de mínimos.

La malversación es el comodín si no se demuestra la violencia necesaria para argumentar la rebelión y por eso los interrogatorios de los consellers han sido centrados en este delito y en la insistencia de que la firma del decreto del referéndum muestra una forma colegiada de actuar. Cómo queriendo demostrar que aunque no hubiera un gasto concreta en cada algún departamento, la malversación y la organización del referéndum era imputable a todos sus miembros, hicieran o no hicieran nada.

¿Y si tampoco hay malversación?

¿Si cae la malversación, qué le queda en la Fiscalía? Probar la sedición o la conspiración para la rebelión.

Y por lo tanto es muy posible que al final del juicio, en el espacio que hay para hacer este trámite, la acusación, haga una reinterpretación de los delitos y las penas.

El umbral mínimo para conspiración para la rebelión está en 4 años. ¿Podrían acabar rebajando penas de 17 años en 4? Es posible.

Aparte de la horquilla de penas que cuentan el Código Penal, también prevé la rebaja en uno o dos grados la pena por rebelión si no se demuestra la violencia y acaba en un mero intento. Y eso quiere decir que penas como la de Oriol Junqueras de 25 años pueden bajar un grado, a 12 años y medio, o dos grados, a 6 años. O penas como las de la gran mayoría de consellers que son de 17 años, pueden bajar hasta 8 y medio o hasta 4.

Después hay todo lo que prevé el sistema penitenciario. Que es poder salir en libertad con el 50% de la pena cumplida.

Los presos hace más de un año que están en la prisión, a algunos de ellos, al otoño al cumplir dos. Eso quiere decir que una vez salga la sentencia, si hay penas de 4 años, puede haber una salida inmediata de algunos de ellos.

Pero queda mucho juicio todavía. Nada más estamos en las puertas de acabar las declaraciones de los acusados. Y falta una parte muy importante: la prueba. Y la Fiscalía todavía puede sorprender haciendo un cambio de estrategia o aportando la "prueba del delito". Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal hace tiempo que no salen a la sala de vistas. Veremos las próximas jornadas si lo que han hecho hasta ahora era un simple calentamiento por la banda o bien la línea de acusación que mantendrán hasta el final.