La jueza de la DANA sostiene que los alcaldes de las localidades afectadas "se vieron sorprendidos" y no recibieron "la información precisa", descartando cualquier responsabilidad que puedan tener de la desgracia, donde perdieron la vida 228 personas. Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja argumenta que "hay una diferencia radical entre la Administración local y la autonómica, con el fin de lanzar alertas a la población", señalando de nuevo la gestión de la Generalitat Valenciana. Concretamente, en una de las seis últimas resoluciones dictadas por la instructora se inadmite el ejercicio de la acción penal contra el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, solicitada en una denuncia por las hijas de una víctima.
La diferencia mencionada, señala a la jueza, se encuentra en el manejo de información y el conocimiento de las medidas a adoptar ante una situación de emergencia como elemento que permitiría tomar estas medidas. En este sentido, añade que a diferencia de los que asumían legalmente el mando de la emergencia a la Administración Autonómica (a través de la AEMET, los medios de comunicación, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la posibilidad de ser asistidos por técnicos en emergencias en una reunión del Cecopi), "no solo el alcalde de Utiel, sino el resto de alcaldes que se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa, ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar", señala.
De la misma manera que no ve responsabilidad en los alcaldes de las localidades afectadas, la jueza de Catarroja no investigará tampoco al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX), Miguel Polo, ni a doce personas más en esta misma condición. Así lo recogía un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Uno de los dos investigados en la causa, el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, pedía que se imputara cuatro cargos públicos, entre ellos Polo.
Seis meses después y muchas incógnitas
Ahora que se cumplen seis meses de la tragedia, el presidente de la Generalitat Valenciana, la máxima autoridad política del territorio, sigue sin haber aclarado del todo (y con garantías) qué hizo y con quién habló la tarde del temporal. El relato que ha ido haciendo Carlos Mazón se ha caracterizado por los cambios de versión, los giros de guion y las pruebas contradictorias que ha aportado. Su presencia al CECOPI y su comunicación mientras los pueblos se inundaban son dos de los grandes interrogantes que todavía hay que encontrar la respuesta.