Horas antes que el president en el exilio Carles Puigdemont anuncie si será el candidato de Junts a las elecciones del 12-M, el magistrado Pablo Llarena, que lo persigue desde 2017 por el procés, ha rechazado "de plano" la recusación interpuesta contra él por la defensa de Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, que considera que nuevamente ha perdido su apariencia de imparcialidad, exigida a toda la profesión judicial. La primera crítica, tanto de exconsellers de Junts como de ERC, es que en una de sus primeras resoluciones, Llarena aseguraba que se incluía entre los afectados de las actuaciones de los políticos catalanes, al usar la primera persona del plural.
En la resolución, comunicada este jueves, el magistrado del Tribunal Supremo sostiene que el incidente de recusación presentado "no tiene legitimación y que es extemporánea". Y añade que es la "séptima ocasión", que los políticos —de los que asegura que están en "rebeldía"— presentan un incidente de recusación, a través de su abogado, Gonzalo Boye, para apartarlo de la causa.
Premio de los fiscales
La recusación se sustentaba en que la apariencia de imparcialidad del instructor del procés habría quedado comprometida al recibir, el 11 de noviembre de 2023, un premio de la Asociación de Fiscales (AF), la asociación conservadora y mayoritaria en el colectivo, por su actuación durante la instrucción en la causa contra los líderes independentistas catalanes.
“Sin incorporarse ahora nuevos argumentos, tiene que señalarse que los recusantes ya objetaron la continuidad de este instructor por la obtención de un premio en escritos de recusación presentados el día 1 de diciembre de 2021. La recusación fue resuelta y desestimada (…) por resolución de esta sala de 14 de febrero de 2022, en atención a motivos de inadmisión que los recusantes desatienden en su actual escrito”, subraya el magistrado Llarena. Además de ser la séptima recusación, el juez también destaca que la defensa de Puigdemont y otros encausados han recusado a la mayoría de miembros de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, incluido a su presidente, Manuel Marchena.
Fiscales contra Puigdemont
No hay que olvidar, sin embargo, que la Asociación de Fiscales se ha mostrado abiertamente contraria a la ley de amnistía por los hechos del procés y ha defendido que Puigdemont sea investigado por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, como así ha aceptado finalmente el alto tribunal español, contra el criterio oficial de la Fiscalía.