El juez ha dejado en libertad con medidas cautelares al funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria que llevaba casi tres meses en prisión preventiva como presunto autor del envío de sobra con material pirotécnico el pasado otoño en el Palacio de la Moncloa o la embajada de Ucrania, entre otros organismos. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama cree que, después de este tiempo en la prisión, no existe riesgo que Pompeu G.P, de 74 años, pueda destruir ninguna prueba, porque, ya se han practicado las diligencias de investigación más relevantes, de las cuales se han obtenido "indicios de criminalidad sustanciales que apuntan" hacia él. Es por esta razón, que en el auto, que se ha hecho público este viernes, el juez ha seguido el criterio de la Fiscalía y ha decretado la libertad del investigado sin necesidad de fianza.
Pompeu G.P queda en libertad, pero el juez ha impuesto la obligación de comparecer cada semana en el juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte, y la obligación de fijar un domicilio donde puede ser localizado.
Cartas con material explosivo
Pompeu G.P., detenido al fin de enero en Miranda de l'Ebre (Burgos) en la Operación Konvert ("sobre" en ucraniano), y está investigado por cuatro delitos de terrorismo, dos de terrorismo agravado (por los envíos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra Margarita Robles) en concurso con otro de uso de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. La justicia le atribuye el envío de seis sobres, de color marrón, con material pirotécnico casero similar en la pólvora, dirigidos al Palau de la Moncloa, en el Ministerio de Defensa, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, a la empresa de armamento Instalaza Zaragoza y a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, entre noviembre y diciembre de 2022.
El magistrado acordó su ingreso en la prisión incondicional después de su detención al considerar que existía un riesgo de huida hacia Rusia, gracias a la "ayuda de ciudadanos de este país" y de acuerdo con la "trascendencia" de sus acciones como "medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania", sin embargo, en este punto de la investigación se ha decidido relajar esta medida. La inexistencia de indicios de reiteración delictiva, la avanzada edad de este funcionario jubilado, su arraigo en la localidad burgalesa de Miranda del Ebro y la falta de antecedentes penales previos a los hechos que se investigan han sido los aspectos que el juez ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión. Con todo, en el auto contra el cual se puede presentar un recurso, el juez advierte que el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas podría dar lugar a la adopción de otros más graves.
Desde el momento de su detención, el magistrado no vio indicios que el investigado perteneciera ni colaborara con ningún grupo organizado terrorista, aunque se consideró que el envío de estos seis sobres, el contexto en el cual se producen relativo a la invasión rusa de Ucrania y los destinatarios evidencian que en su "ánimo está presente" el objetivo de "alterar gravemente la paz pública" y de "obligar los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania".