El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decretado prisión sin fianza para el funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria, que quedó arrestado este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío el pasado otoño de seis sobres con material pirotécnico a La Moncloa, al Ministerio de Defensa o a la embajada de Ucrania, entre otros organismos. Pompeyo G.P. de 74 años y detenido en la denominada Operación Konvert ("sobre" en ucraniano), está investigado por cuatro delitos de terrorismo, dos de terrorismo agravado (por los envíos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra Margarita Robles) en concurso con otro de uso de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
El riesgo de huida, reiteración delictiva y ocultación de pruebas ha determinado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia haya aceptado la petición de la Fiscalía y haya decretado prisión incondicional para el detenido, quien se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez.
Alteración de la paz pública
En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica que aunque no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con una banda o ningún grupo organizado terrorista, las acciones que objetivamente se le imputan, el contexto en el cual se producen (guerra de Ucrania) y los destinatarios de los paquetes evidencian que en su ánimo es presente "el objetivo de alterar gravemente la paz pública". Así pues, indica que transmite el mensaje de que se está "ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y los Estados Unidos a consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa", y añade que busca "obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa". La decisión del juez coincide con la petición de la fiscal de la Audiencia Nacional, Ana Noé, que pedía la prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado, que se ha acogido al derecho de no declarar.
Seis cartas con material explosivo
La primera carta con material explosivo se interceptó el pasado 24 de noviembre e iba dirigida al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia del gobierno español detectaron la carta en las tareas de cribado y filtrado de la correspondencia. Entre noviembre y diciembre envió otras cinco cartas similares, por sus características y contenido, llegaron a la Embajada de Ucrania y a la Embajada de los Estados Unidos a Madrid, a la empresa Instalaza en Zaragoza, en el Centro de Satélites de la Unión Europea, situado en la Base Aérea de Torrejón y al Ministerio de Defensa. Un vigilante de seguridad de la Embajada de Ucrania resultó herido por la explosión de uno de los artefactos.
Se trata de una persona muy activa en redes sociales y con conocimientos técnicos e informáticos, según informaron fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. El pasado 3 de enero, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el envío de esta serie de cartas explosivas acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico.