El estallido del caso Cerdán la semana pasada ha complicado todavía más el trabajo de la Guardia Civil. Los avances en la investigación abierta en el Tribunal Supremo sobre los dos últimos hombres de confianza de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, mantienen en suspense el partido y la viabilidad de la legislatura. El magistrado que instruye el caso, Leopoldo Puente, queda a la espera de cuatro informes de la Guardia Civil que pueden ser claves para el avance de la investigación. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya investiga desde hace meses el patrimonio de Ábalos y han solicitado poder investigar el de Cerdán. Una petición con la que, el exsecretario se ha mostrado "encantado", ya que ha defendido que la revisión de sus activos no es motivo de preocupación porque "yo no tengo ninguna sociedad ni nada".
Intercambio de mensajes
Las ramificaciones del caso Koldo, por el que están investigados desde febrero del 2024 Ábalos y Koldo García, parece que no tienen fin. A la información que ya estaba en manos del magistrado, se suma ahora la intervenida por la UCO en los 11 registros que se produjeron en los domicilios de Ábalos, de dónde se confiscaron 38 dispositivos, y de otros empresarios presuntamente implicados en la trama. En total, se intervinieron 59 dispositivos electrónicos y miles de documentos en papel. Ahora, según señala El País, el juez espera cuatro nuevos informes elaborados por los agentes de la UCO.
El primero de ellos, sería el intercambio de mensajes entre los investigados y "cualquier aforado". El pasado 4 de febrero, el juez reclamó a la Guardia Civil un informe a partir de las comunicaciones entre Víctor de Aldama, Ábalos y su exasesor, Koldo García. El magistrado pidió investigar todos los dispositivos "con especial referencia" a los mensajes que podrían haber intercambiado con el expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien Aldama ha señalado en varias ocasiones, o "subordinados de este". Así como los mensajes también con Cerdán o "con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo", por lo tanto, también está incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como ministros o diputados y senadores. La petición se hizo después de que Aldama declarara ante la audiencia nacional que había entregado sobornos a diferentes políticos del PSOE.
Investigación de cuentas bancarias
Otro de los informes que espera el juez es el del patrimonio de Ábalos. El mes de marzo pidió a la Guardia Civil que recaudara toda la información sobre las seis cuentas de la Caixa donde Ábalos consta como titular o autorizado, así como todos los productos bancarios que tiene contratados, los movimientos de las cuentas y los cobros de cheques o transferencias entre 2014 y 2024, y comprobar si había avisos del banco por sospecha de blanqueo. El mismo día el juez pidió a Hacienda toda la información fiscal de Ábalos de los últimos 10 años, con detalle de las cuentas, bienes en España y en el extranjero, así como a donaciones realizadas. También solicitó a la Generalitat Valenciana la información sobre la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), vinculada al exministro y su familia.
Con el estallido del caso Cerdán y después de que haya entregado su acta de diputado, la UCO ha solicitado la autorización para pedir a BBVA, CaixaBank y la Caja Rural de Navarra información sobre 5 cuentas bancarias donde aparece el nombre de Santos Cerdán, su mujer o miembros de su familia. El objetivo es elaborar un informe igual que lo que se está haciendo de Ábalos. Los agentes pretenden recaudar información del mismo periodo, es decir, del 2014 al 2024. También se plantea pedir a los bancos cualquier "información sospechosa de blanqueo de capitales" que hubieran remitido al Sepblac.
Registros policiales
El pasado 23 de abril, el juez Leopoldo Puente encargó a la UCO un informe sobre el proceso de adjudicación de unas obras públicas que aparecen destacadas en la documentación aportada por Aldama en el Supremo. Entre los documentos había capturas de pantalla de WhatsApp y listas de obras, que según afirmó, fueron adjudicadas a empresas a cambio de favores. En los listados había anotaciones a mano de Koldo García.
En el registro del domicilio de Ábalos, en València la semana pasada, los agentes confiscaron 38 dispositivos electrónicos —10 discos duros, tres teléfonos móviles, una tarjeta SIM de telefonía, dos tarjetas de memoria y 22 memorias USB— además de documentos en papel. Según consta al escrito que autorizaba la entrada, el juez apuntaba que se esperaba encontrar "elementos, efectos o instrumentos procedentes del delito o reveladores de la comisión de lo mismo" sobre la presunta participación de Ábalos, cuando era ministro de Transportes, "en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica". El mismo día se hicieron registros en domicilios de cinco empresarios y las sedes de tres empresas. En total, se llevaron 21 dispositivos electrónicos entre teléfonos móviles, ordenadores portátiles, discos duros y memorias USB, y miles de folios.