Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han vuelto a pedir la dimisión del presidente y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante "la anormalidad institucional" que supone su bloqueo, que este lunes hace 5 años que está caducado. A través de un comunicado conjunto, han asegurado que la situación actual "supone un evidente perjuicio para la sociedad y la organización judicial", y denuncian que "los que acuden al Poder Judicial a litigar, profesionales del derecho, y la sociedad en general, sufren los perjuicios" de esta. En el escrito, apuntan que "en este triste quinto aniversario, reclamamos la dimisión del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, siguiendo el ejemplo de los que, anteriormente, constataron que no había que prolongar irregularmente la duración de su mandato," han reclamado.
Críticas al bloqueo del CGPJ
En este contexto, JJpD y UPF han explicado que "el Tribunal Supremo cada vez sufre más vacantes, la mayoría de las presidencias de Audiencia y Tribunales Superiores de Justicia están en funciones y la falta de liderazgo del CGPJ entorpece el trabajo de juzgados y tribunales". Las dos asociaciones consideran que las numerosas excusas que utiliza el PP para mantener su bloqueo durante años "ya ni siquiera merecen comentarios". Sin embargo, aseguran que "nos parece que los que permanecen como vocales del CGPJ, contribuyen decisivamente a mantener esta situación que vulnera la Constitución y la Ley orgánica del Poder Judicial".
Los jueces y fiscales progresistas han añadido que son personas "que por su profesión y responsabilidad están obligadas a garantizar el cumplimiento de ambas, y del ordenamiento jurídico", y que "prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin ningún rubor". Además, han criticado que "hace falta recordar que un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes, retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de Ley, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que todavía no han emitido, opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional".
Desprestigio del CGPJ
Las asociaciones argumentan que, "con su manera proceder, han contribuido al desprestigio de una institución que, constatamos, se encuentra en franca descomposición". Por esta razón, consideran que se está produciendo un abandono "de funciones propias e imprescindibles, que no producen réditos políticos" aquellos que se mantienen al cargo "sin motivo legítimo", y acusan a sus integrantes que esta es "la única preocupación desde hace demasiado tiempo de sus integrantes". Desde su punto de vista, consideran que eso lo demuestra el hecho de que "se condenara al CGPJ por incumplir su obligación de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, o que se anularan diversos de sus nombramientos para el Tribunal Supremo o Presidencias de Tribunal Superior de Justicia".
Para concluir, también han lamentado que su actuación afecta directamente al juez natural predeterminado por la ley, "porque las comisiones de servicio que acuerdan con la excusa de reforzar juzgados y tribunales se verifican sin criterios objetivos y eludiendo el escalafón. En definitiva, abusan de su función, hace cinco años caducada, incumplen la Constitución que juraron acatar y manchan la imagen de imparcialidad de la judicatura con su servilismo a opciones partidistas".