El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, vocal de la rama conservadora, ha planteado este sábado recortar las competencias de este órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales —responsables del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justícia—, una reforma que, a su juicio, facilitaría su renovación del órgano de gobierno de los jueces. En vísperas de que el CGPJ cumpla cinco años en funciones —el aniversario es este lunes— y duplique su mandato legal, Guilarte formula su propuesta en una tribuna a El País, convencido de que los partidos perderían interés en el órgano de gobierno de los jueces si no pudiera realizar estos nombramientos. "La apetencia de los unos y los otros por la designación de 'sus vocales' se diluiría", afirma.
Según la propuesta de Guilarte, serían los jueces quienes directamente, sin mediar la intervención del CGPJ, elegirían a sus presidentes en las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y las salas, "que quedarían sustraídas a la aleatoriedad, de su designación por el CGPJ". En el caso de los magistrados del TS, plantea un proceso objetivado en el cual se conozcan los méritos que se exigen y que cuente con un tribunal presidido por un vocal del CGPJ e integrado por magistrados de la sala del Supremo en concreto a la que se opte y juristas de diferentes ámbitos, con una designación aleatoria y rotatoria "para evitar cualquier indicio de contaminación".
A su juicio, recortando esta competencia en el CGPJ, los partidos podrían reanudar en el Congreso la renovación del órgano y el nuevo Consejo podría tener "un discurrir afable sin verse eternamente asediado por el debate político". Por el contrario, sin los cambios que propone, asegura al jurista, habría un Consejo "con caras nuevas, pero, en función de su designación militante, con los mismos problemas que se han manifestado en anteriores". Así y todo, la postura que ha argumentado Guilarte se alinea en cierta manera con la que también ha sostenido últimamente la derecha española, "que sean los jueces los que escojan a los jueces y no los políticos", como han afirmado en varias ocasiones miembros del PP. Una postura, sin embargo, que la izquierda no acaba de ver, en tanto que consideran más democrático que el órgano de gobierno de los jueces parta de la representación de la soberanía popular, el Parlamento, y ven peligro en el hecho que una judicatura tradicionalmente y mayoritariamente conservadora se enroque en un corporativismo inmovilista que bloquee cualquier intento de renovación o cambio del régimen.
"Nunca me dejarían dar clase de Penal, pero he designado miembros de la Sala Segunda del TS"
Aparte de evitar la disputa política por el perfil de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, Guilarte también ha hablado de los conocimientos necesarios para escoger un perfil adecuado para los nombramientos que tiene que hacer el CGPJ, poniendo como ejemplo sus propias limitaciones. Según su opinión, la designación de los magistrados del Supremo no puede quedar "al azar de los veinte vocales del CGPJ", algunos de ellos sin cualificación, por ser ajenos a la disciplina de los candidatos: "Lo digo siempre: en mi Facultad nunca me dejarían impartir una clase de Derecho Penal, a pesar de lo cual he intervenido en la designación de numerosos miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", ha señalado.
Cinco años en funciones
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes un mandato completo de cinco años en funciones inmerso en una crisis institucional, ya que no se contempla a corto plazo una salida al bloqueo por la falta de acuerdo entre los partidos políticos en el Congreso para su renovación. Ahora mismo, y desde el 2021, el órgano de gobierno de los jueces no tiene capacidad de hacer nombramientos, tiene 16 vocales de 20, un presidente interino y un mandato que empezó en 2013 durante la X legislatura y continúa en 2023 en la XV. Con el objetivo de presionar en el PP para negociar la renovación, PSOE y Unidas Podemos impulsaron una reforma legal que impide al CGPJ hacer nombramientos discrecionales estando en funciones, lo cual ha generado 85 vacantes en la cúpula judicial, 23 de ellas en el Tribunal Supremo. La situación de bloqueo se produce porque el PP, que cuenta con una mayoría afín en el órgano producto de legislaturas pasadas en las cuales tenía mayoría parlamentaria, no quiere perder esta mayoría conservadora abriéndose a renovarlo con la coyuntura parlamentaria actual. Una postura que el PSOE, que quiere renovar los cargos para poner a más jueces progresistas, ha reprochado a los 'populares' en numerosas ocasiones, al considerar que tienen el CGPJ "secuestrado" y, por lo tanto, "incumplen la Constitución".