El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes, 4 de diciembre, 5 años caducado, los mismos años que de mandato vigente. Se trata de un hecho inédito que tanto el mismo CGPJ, como la Justicia, que lo califican "de insostenible". El PP hace un lustro que bloquea la renovación, ahora, con la nueva legislatura de Pedro Sánchez, hay dos escenarios de renovación: el acuerdo político entre PSOE y PP o una reforma legal. Sin embargo, voces expertas hacen un llamamiento a la cautela ante la situación de crispación entre el Gobierno y el mundo judicial, a consecuencia de la amnistía, y, por lo tanto, deja más abierta la opción de que haya una reforma legal.
El CGPJ se constituyó el 4 de diciembre de 2013 con 20 vocales —tal como marca la ley—, más el presidente escogido por los mismos vocales, Carlos Lesmes, con una mayoría conservadora. El poder judicial se tendría que haber renovado en diciembre de 2018, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP —únicos partidos que suman mayorías parlamentarias necesarias— ha llevado al estancamiento de la renovación después de 10 años.
El poder judicial, una década estancado
Desde su formación en diciembre de 2023, el órgano de gobierno de los jueces se ha ido desmontando. De los 20 iniciales, solo quedan 16 —aunque que se mantiene el dominio conservador— después de la jubilación de Rafael Fernández y Rafael Mozo, la renuncia de Concepción Sáez y la muerte de Victoria Cinto. En esta década han pasado 3 presidentes por el CGPJ. En octubre de 2022, Lesmes dimitió para forzar el pacto entre PSOE y PP; su sucesor fue Rafael Mozo, al ser el vocal de más edad. El pasado 19 de julio de 2023 se jubiló, cediendo al testigo a Vicente Guilarte.
La situación de interinato del CGPJ ha generado un impacto en la administración de justicia, ante la imposibilidad legal que un Consejo caducado realice nombramientos discrecionales en los altos tribunales. Actualmente, hay 85 vacantes en la cúpula judicial: una en la Audiencia Nacional, 25 en las provinciales, 36 en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y 23 en el Supremo (TS). Este último, ya ha perdido un tercio de los magistrados sin cubrir las plazas, lo que ha provocado que se roce el colapso en las salas contenciosas, administrativas y sociales. La crisis de las vacantes tiene el origen en la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) realizada por el PSOE y Podemos en marzo de 2021 para forzar al PP a pactar, una modificación legal que evita que un CGPJ en funciones pueda hacer nombramientos discrecionales y que sufrió una contrarreforma meses después, en concreto, en julio, para facilitar la renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC), que finalmente se consiguió.
Intentos de renovación
En los últimos 5 años se han producido varios intentos de renovación del órgano, pero finalmente han fracasado. El más reciente se tenía que dar en el contexto de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, pero saltaron por los aires con el adelanto de las generales del 23 de julio. Ahora, con la nueva legislatura, se vuelve a abrir otra puerta a la renovación, pero la duda es cómo se producirá. La mejor opción sería la negociación entre PSOE y PP. Los populares están dispuestos a hablar, aunque siguen estableciendo una línea roja y exigen que la renovación vaya acompañada de una reforma para que los 12 vocales sean escogidos entre jueces y magistrados, en el llamado turno judicial. Por su parte, los socialistas no se han negado a dialogar, pero insisten en la urgencia de renovar.
Ante la situación de estancamiento, fuentes del órgano de gobierno de los jueces apuntan a una "renovación por las malas" mediante una reforma legal impulsada por el Gobierno y sus socios que deje a un lado al PP. Algunos de ellos abren la puerta esta opción, al considerar que el partido de Alberto Núñez Feijóo no negociará con el PSOE la renovación en el marco de la tramitación de la ley de amnistía.
El Gobierno carga contra el PP
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha hablado sobre esta situación y ha asegurado que "no hay caso más paradigmático de lawfare que este secuestro del PP". En este sentido, y en respuesta a las acusaciones del PP, ha afirmado que "hay que exigir el cumplimiento de la Constitución y poder desbloquear el correcto funcionamiento de la justicia". Además, el presidente del Gobierno ha acusado a los populares de politizar la justicia.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha urgido al PP a renovar el CGPJ y lo ha culpado de que este lunes cumpla cinco años con el mandato caducado, un hecho que define como una "anomalía democrática". A su llegada al Consejo Europeo de ministros de Justicia, que se celebra este lunes en Bruselas, Bolaños ha pedido al PP "que cumpla la ley, que cumpla la Constitución y que lo haga por el bien de España, del buen nombre de España, porque eso sí que es una preocupación de la Comisión Europea, que el Consejo General del Poder Judicial lleve ya cinco años sin haberse renovado".
El ministro ha lamentado que "es un día triste para la democracia española, porque hoy se consuman cinco años de bloqueo del Partido Popular del gobierno de los jueces y, por lo tanto, de cinco años de incumplimiento de la ley y de la Constitución por parte del Partido Popular", ha lamentado Bolaños. Para el ministro "es una auténtica pena, un comportamiento muy grave que no solo está desprestigiando el Consejo General del Poder Judicial, que ya por sí mismo sería grave, sino que empieza a dañar, inevitablemente, a la misma justicia y también a los ciudadanos que quieren una tutela judicial efectiva".