El expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se ha referido este jueves al CatalanGate, el caso de espionaje a una sesentena de personalidades vinculadas al movimiento independentista. Y lo ha hecho, precisamente, desde la ciudad de Ginebra, en Suiza, en el marco de la quincuagésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este contexto, el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya y Òmnium Civil Rights Europe, entidad que actualmente preside Cuixart, han organizado un acontecimiento con seis personalidades expertas y activistas de nivel internacional que han centrado su discurso en las diferentes implicaciones que tiene la vigilancia ilegal sobre la vulneración de derechos humanos. De esta manera, el representante de Òmnium ha podido denunciar el CatalanGate de primera mano y ante un público internacional.

Cuixart ha aprovechado la oportunidad para explicar con profundidad todos los detalles del caso, de que implica principalmente la empresa israelí NSO y su software espía Pegasus. De hecho, el acto se ha realidad solo un rato después de que aquel mismo espacio hubiera servido para ofrecer una rueda de prensa sobre el asesinato por parte de las fuerzas de seguridad de Israel de la periodista Shireen Abu Akleh hace unas semanas. "Defender los derechos humanos en Palestina, en los Países Catalanes y en todo el mundo es muy importante, porque son la misma causa". En esta línea, ha denunciado que el CatalanGate es el caso de espionaje ilegal más relevante nunca registrado, y que ha contado con la investigación y la validación de figuras y entidades de prestigio, como el laboratorio CitizenLab, Amnistía Internacional y la revista New Yorker. Y, por si eso no fuera suficiente, las vigilancias se han producido también en suelo francés, alemán, belga y suizo. "Se trata de un caso muy serio e importando", ha sentenciado.

Así, el expresidente de Òmnium ha dejado en evidencia el cuestionamiento de la democracia en territorio español, ya que, a pesar de reconocer que el CNI contó con autorización judicial para realizar 18 de las 65 escuchas, el resto "no han sido determinadas". "El uso incontrolado por parte del Estado de estos instrumentos no es proporcional ni legítimo según los estándares internacionales. No sabemos por qué nos han espiado, durante cuánto de tiempo, quién tiene acceso a esta información, cómo se ha utilizado ni donde está guardada", ha alertado. La entidad cultural que él representa ha visto cómo se ha espiado tres miembros, mientras que la periodista Meritxell Bonet, pareja de Cuixart, también ha sido víctima.

"Todo esto nos lleva a confirmar que España es una democracia defectuosa", ha añadido. "No es normal que en nuestra sociedad, aquellas personas que han sido ilegalmente espiadas sean las que tengan que trabajar para aclarar los hechos, mientras que el Gobierno justifica el espionaje". De hecho, ha hecho una referencia explícita al hecho de que el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, lejos de aclarar el CatalanGate, han optado por darlo por válido y necesario para hacer frente al independentismo. "En una democracia real, un caso de estas características provocaría una investigación independiente, una comisión de investigación y la asunción de responsabilidades. España no ha hecho nada ni hará nada, porque ninguna de las medidas de Sánchez garantizan que no se volverá a repetir," ha señalado. Y las críticas de Cuixart contra el Estado no se han quedado aquí, sino que ha advertido que "el espionaje ilegal contra la disidencia continuará en España en un futuro próximo", antes de denunciar el voto del PSOE al lado de las tres derechas en el Congreso de los Diputados por rechazar cualquier comisión de investigación en las Cortes españolas.

 

Querella de Òmnium aceptada

Más allá, Cuixart también ha celebrado que, después de haber presentado la primera querella para hacer frente al CatalanGate, la petición ya ha sido resuelta: el titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona ha admitido parcialmente la queja por la injerencia en los móviles de los afectados de Òmnium, si bien con el matiz que ha descartado investigar la empresa NSO y ha rechazado acusar organismos del Estado español sobre la autoría del espionaje. "Nos han puesto muchos obstáculos y no confiamos en el sistema judicial español, pero es un camino que tenemos que iniciar para poder llegar a instancias internacionales". También ha asegurado que la plataforma cultural irá más allá y que trabajará activamente para que la Unión Europea se haga eco, a través de conversaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y una comisión como la que ya se abrió al Parlamento Europeo para estudiar el uso de Pegasus en países como Polonia y Hungría, si bien de momento no se ha ampliado para incluir España.