El profesor de derecho constitucional Joaquín Urías ha puesto el grito en el cielo ante el auto dictado esta madrugada por la jueza de Lleida, que tumba el confinamiento decretado por el Govern para la ciudad de Lleida y siete municipios más del Segrià. La jueza argumenta su decisión asegurando que es desproporcionada, una "gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos", afirma.

Urías alerta en un tuit que la "tremenda ignorancia del poder judicial español en materia de derechos da lugar a resoluciones basura sin ningún fundamento". Y pone como ejemplo la dictada por la jueza sustituta en funciones del juzgado de instrucción 1 de Lleida, que asegura "se lleva la palma". Y todavía va más lejos cuando asegura que se trata de una decisión "absurda que demuestra que tenemos un problema".

"Alocada e incoherente"

El disgusto ante el contenido de la resolución no acaba aquí. El catedrático de derecho constitucional se muestra comprensivo ante aquellos que puedan dar apoyo a la decisión adoptada por la jueza por estar en contra de la medida de confinamiento dictada por el Govern. "Es respetable", asegura, pero carga contra los argumentos planteados por la titular del juzgado número 1 de Lleida: "Cualquier jurista que lea la argumentación de este auto sólo puede constatar que es alocada e incoherente".

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Quim Torra y Pere Aragonès han anunciado que el Govern aprobará esta tarde los decretos para dar cobertura al confinamiento del Segrià. Foto: Maria Contreras

Las críticas de Joaquín Urías se suman a las de otros juristas como Joan Queralt, que no encuentra fundamento jurídico para la decisión judicial. El Govern, ante la situación provocada por la jueza, mantiene el confinamiento y tiene previsto celebrar esta tarde una reunión extraordinaria del Govern para aprobar un decreto que dé cobertura al confinamiento. Precisamente desde el Govern apuntan que el ejecutivo catalán dispone de los mecanismos para hacer efectivas las medidas que ha acordado en el Segrià.

Joan Queralt se pregunta por qué, si el Tribunal Constitucional determinó que el estado de alarma no afectaba a los derechos fundamentales, ahora una jueza de instrucción no ratifica la orden de confinamiento del Govern porque entiende que es competencia del Gobierno. "No cuela", sentencia.

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