Diego Iñiguez Hernández, el actual jefe de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido aceptado como nuevo consejero del Tribunal de Cuentas, con el aval del PP, según ha informado El Mundo. Iñiguez, que es magistrado, llevará con probabilidad casos de enjuiciamiento en el organismo fiscalizador después de la salida de otra magistrada y exministra de José María Aznar en 1996, Margarita Mariscal de Gante, porqué el PP ha aceptado que no siga por "su pasado político".

Iñiguez había sido también director adjunto de gabinete de la entonces vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La buena sintonía entre el PSOE y el PP se ha puesto de manifiesto cuando once de los encausados por el Tribunal Cuentas por el conflicto entre Catalunya y el Estado, entre ellos el conseller Francesc Homs y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo, han presentado un recurso que no ahorra las descalificaciones -e ironías- contra los argumentos esgrimidos por la delegada instructora, Esperanza García.

Fianzas millonarias

 

La instructora rechazó la pasada semana los avales del ICF para cubrir las fianzas millonarias que el Tribunal reclama a 29 de los 34 encausados por la política exterior del Govern entre los años 2011 y 2017.

"La argumentación jurídica de la delegada Instructora para inadmitir los avales es, en opinión nuestra, muy débil, haciendo buena la frase de que el papel lo aguanta todo", achaca este recurso, que denuncia que la delegada instructora "olvida" que su función es calificar a los presuntos responsables y que estos son, todavía hoy, presuntos, y lo seguirán siendo "hasta que haya sentencia". "Es obvio que se ha reinterpretado la presunción de inocencia", remacha.

El texto ironiza que la instructora inadmite los avales "con dos argumentos que ventila rápidamente, como si la cuestión fuera de lo más sencillo". Enumera, en primer lugar, que la instructora argumenta que el decreto de creación del Fons Complementari de Riscos no cubre la responsabilidad por dolo o culpa, porque no lo menciona explícitamente. "Para contestar a este argumento tan trabajado es suficiente con señalar que la Delegada Instructora ha omitido que esta norma menciona en dos ocasiones la responsabilidad contable", explica, además de recordar, como también han hecho el resto de los recursos, que la responsabilidad contable incluye el dolo y la culpa. En segundo lugar, atribuye a una lectura del decreto hecha "con parcialidad", que omite la resolución la obligación del retorno de los fondos en caso de condena, que sí explicita el decreto.

El texto, que advierte que la instructora no ha sabido interpretar la decisión de la Abogacía del Estado en relación a este tema, reprocha también que se ha vulnerado el derecho de defensa de los encausados, porque no han dispuesto de una segunda instancia, "inmediata y eficaz", para ver el fondo de la resolución que inadmite los avales.

"Se nos niega la revisión de una decisión que es contraria a Derecho y que afecta a la capacidad financiera de los recurrentes y que supone, en muchos casos, el embargo preventivo de su residencia habitual y familiar", denuncia, además de añadir que es esta falta de segunda instancia lo que facilita a la instructora inadmitir los avales con argumentos "faltados de rigor jurídico".

Con todo, subraya que lo que reivindica este recurso no es tanto una segunda instancia como un trámite de alegaciones antes de que se les rechacen los avales, como ha pasado, generando indefensión.