La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el juicio de Arnaldo Otegi ha traído mucha cola. Desde las formaciones independentistas y soberanistas se ha valorado el posicionamiento del TEDH como una muestra de la "injusticia" existente en España. Las formaciones autodenominadas constitucionalistas se han limitado a manifestar que respetan la decisión.

El tribunal con sede en Estrasburgo ha determinado este martes que el alto tribunal español violó el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el "Derecho a un proceso equitativo" cuando se juzgó y envió a la prisión a Arnaldo Otegi y cuatro demandantes más por el caso Bateragune.

El jurista Joan Queralt ha ironizado con la idea que la sentencia de la Sala 3 del tribunal de Estrasburgo sobre el caso Otegi no ha sido por unanimidad. "Es cierto, el voto disidente quería otorgar una indemnización" por los perjuicios causados al no haber tenido derecho a un proceso como es debido, según ha asegurado Queralt.

De hecho, el artículo 121 de la Constitución Española contempla la "indemnización" como método por reparar "el error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia". Aunque también deja claro que a pesar de ser un derecho, "no está configurado como derecho fundamental".