Uno de los investigados en la trama de corrupción liderada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro declaró en el juicio del procés, contra los independentistas catalanes, en el Tribunal Supremo, en octubre de 2019. Se trata de Felipe Martínez Rico, que ocupó cargos de confianza con el ministro del PP, primero como director de gabinete, en el 2011, y el año 2016 fue nombrado subsecretario de Hacienda, en sustitución de Pilar Platero Sanz, subsecretaría de Estado de Presupuestos y Gastos durante el periodo 2011-2016, también imputada. El titular del juzgado de instrucción 2 de Tarragona, sostiene que Montoro cuando era ministro y su equipo en Hacienda -con 9 excargos de los 27 imputados- habrían hecho cambios legislativos a favor de empresas gasísticas, las cuales los habrían pagado a través del despacho fundado por el mismo Montoro, Equipo Econòmico (EE), sociedad que ha negado haber cometido ninguna ilegalidad. Montoro se ha dado de baja como afiliado del Partido Popular al ser formalmente imputado, en esta investigación que ha estado secreta desde el 2018.

"Indiciariamente, habría participado en los hechos investigados al ostentar uno de los cargos decisivos para que los textos de los anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas", afirma el magistrado Rubén Rus sobre Martínez Rico.

Cambios normativos

En concreto, sostiene que hay indicios el equipo de Montoro favoreció este sector en cambiar normas, como la modificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en los presupuestos generales del Estado para el año 2018. "Solo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas, mediante la modificación del IAE a través la ley 6/2018, de 3 de julio de presupuestos generales del Estado que modificó el Real decreto legislativo 1175/1990," sostiene al instructor.

Control "deficiente"

Inicialmente, el entonces ministro Montoro se hizo el chulo en el Congreso de los Diputados que "ni un euro" de las finanzas catalanas se había desviado para hacer el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya del 1-O del 2017. En el juicio, en el Tribunal Supremo, el entonces exministro del PP no fue tan tajante. Y su mano derecha tampoco. 

En la decimoctava jornada del juicio del procés, Martínez Rico admitió que el Gobierno podría haber hecho gastos por el 1-O, a pesar de tener sus finanzas controladas. El exsubsecretario de Estado de Hacienda, aseguró que detectaron y denunciaron varios gastos de la Generalitat relacionados con la organización del 1-O. Añadió que en algunos casos detectaron que la información proporcionada por la Generalitat "era incompleta y se tomaron medidas, se denunció delante de Fiscalía".

En cierto momento del choque, el entonces vicepresident, Oriol Junqueras, resolvió que no se informaría al Gobierno, que mantenía todas las comunidades asfixiadas con el control del gasto.

Al final, el Tribunal Supremo condenó por malversación y sedición a los líderes políticos catalanes, y pasó la pelota en el Tribunal de Cuentas para reclamar los supuestamente dinero malbaratados. La Fiscalía ha situado este gasto en 3,2 millones de euros, sumando partidas de la tarea de Exterior y Sociedad Civil Catalana, en 5,2 millones.

Precisamente, este martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha celebrado una vista por dirimir si el gasto del 1-O vulnera el derecho de la Unión y no se puede amnistiar. O sí. O devuelve el dilema a los tribunales españoles, como reclamaba el abogado de la Comisión Europea.