Los inspectores de Hacienda suben el tono contra el Gobierno por el acuerdo sobre la financiación singular en Catalunya. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha señalado este miércoles que es "imposible" aplicar el acuerdo de financiación singular conseguido entre el Gobierno y la Generalitat, un pacto que, consideran que supone el principio de la "desaparición del Estado" si se extiende al resto de comunidades autónomas. Los inspectores han vuelto a exigir la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así lo han afirmado en un informe presentado

Así lo han manifestado en un informe presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), dónde han asegurado que también implicaría la "desaparición" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que quedaría "troceada" y "repartida" entre todas las regiones. Los investigadores consideran que se romperían algunos "principios básicos" de la Hacienda española, como el sistema de información tiene que ser único, que tiene que existir una caja única y que la gestión de las retenciones se tiene que hacer de forma "integrada", han argumentado.

Lucha contra el fraude fiscal

El colectivo considera que la gestión del 100% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) prevista para 2026 resultaría "imposible" porque, consideran que no es "realista", puesto que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional y otra catalana. Con esto, la "rapidez" a la hora de hacer las devoluciones en las declaraciones de la renta caería de manera drástica. Y añaden que "resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales".

A pesar de que no han dado datos del que dejarían de ingresar las arcas públicas españolas, sí han indicado que, en relación con los últimos datos disponibles que son del 2022, los impuestos catalanes suponen el 19,35% del total nacional. Este año, el Estado recaudó 255.463 millones de euros, de los cuales 49.434 provenían de Catalunya. Además, argumentan que el pacto tendría "consecuencias" en la lucha contra el fraude fiscal, por el hecho de repartir los datos entre la hacienda española y la catalana. "Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude", han apuntado.