Anomalías en contratos adjudicados por Red.es a Innova Next y The Valley Business. Es lo que ha detectado la Intervención General del Estado (IGAE), un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, en un informe que ha remitido a la Fiscalía Europea en el marco de la investigación del caso de Begoña Gómez. Son los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, el empresario que recomendó la mujer de Pedro Sánchez a través de unas cartas de recomendación que firmó como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. “Que se haya atribuido a la mesa de contratación la valoración de las ofertas con base en una distribución de puntuaciones entre valoración de criterios evaluables mediante un juicio de valor y valoración de criterios evaluables mediante fórmula que no responde a la realidad podría constituir un fraude de ley”, concluye el informe, de 303 páginas, al que ha tenido acceso ElNacional.cat.

“Se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un comité de expertos, en el que no podría haber participado el director proponente del contrato, o por un organismo técnico especializado, lo que da mayores garantías de una evaluación ecuánime de las ofertas”, añade. Y reprocha que el informe de valoración lo firmó una sola persona, que la mesa de contratación tuvo un “comportamiento pasivo” y que la fórmula aplicada por Red.es “no tiene fundamento legal alguno” y provoca que aumente la puntuación de las ofertas técnicas de “forma artificial”. “Incumpliendo la ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de Red.es, que no era competente para efectuar la valoración”, añade.

“Los criterios de valoración establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas que rigieron las licitaciones de los expedientes de contratación objeto de análisis no se ajustan en su integridad al principio de selección de la oferta económica más ventajosa”, señala el informe. En este sentido, expone que la fórmula que utilizó Red.es para calcular la puntuación económica de las licitaciones, que es la utilizaba la entidad en otros procesos, “amortigua de manera muy importante las diferencias de puntuación derivadas de las diferencias en los precios ofertados, beneficiando a las ofertas más caras”. Y esto “no contribuye a conseguir que los licitadores presenten ofertas económicas competitivas”, sino que les “desincentiva de hacerlo” por la “escasa relevancia de la puntuación económica respecto de la puntuación total” y por el hecho de que la fórmula “reduce muy sustancialmente las diferencias de puntuación derivadas de las diferencias de precio”.

Otras críticas. El interventor cree que haber tenido en cuenta para asignar las puntuaciones el hecho de que “se adjunten o no los currículos de orientadores o profesores”, un elemento que no figura en los pliegos como elementos a valorar, es “ilegal”, “arbitrario” y “discriminatorio”. También ha detectado “incoherencias” en la valoración de algunas de las ofertas entre las puntuaciones asignadas y la fundamentación de dichas puntuaciones, “contradicciones” en el propio texto de las valoraciones y “argumentos penalizadores” que tienen una “insuficiente motivación”.

“No ofrecer cartas de apoyo se considera algo negativo”

¿Y qué dice sobre las cartas de recomendación? El informe recuerda que en las ofertas de la UTE Innova Next y The Valley Digital Business School se hace referencia a “acuerdos con empresas e instituciones” y a “cartas de apoyo que se adjuntan en la oferta” y señala que en los informes de valoración “se incluyen diversas referencias a esos acuerdos con otras empresas e instituciones” y “se enfatiza” su relevancia, cosa que “evidencia que han sido tenidos en cuenta para determinar la puntuación de las ofertas”. Así pues, las cartas de apoyo “no solo han sido valoradas positivamente en la valoración de la oferta”, sino que “se deduce claramente que no ofrecer dichas cartas de apoyo se considera algo negativo que el valorador ha considerado conveniente resaltar en las valoraciones de las ofertas que no las han incluido”.

Y añade otro reproche sobre las cartas: “Figura una manifestación de intenciones que no obliga a nada y, por lo tanto, tenerlas en cuenta para puntuar las ofertas supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores, […] excede la capacidad de decisión discrecional del valorador y constituye una actuación discriminatoria, incluyendo elementos que no deberían haber sido valorados”. “Dicha inclusión beneficia a determinados licitadores a los que se ha incrementado injusta e ilegalmente la puntuación”, remacha.

juan carlos barrabés
El empresario Juan Carlos Barrabés en una imagen de archivo

“Sus metadatos han sido borrados”

En otro de los punto, el informe destaca que los documentos previos “carecen de firma y sus metadatos han sido borrados”, así que “no se dispone de evidencia de que fueran realmente elaborados por las personas que figuran en dichos encabezamientos, ni de que su contenido, ni las puntuaciones que figuran en los mismos respondan a la opinión de los mencionados técnicos que habrían sido quienes examinaron las ofertas”. Y resalta que, “en determinados casos”, las puntuaciones “no coinciden” con las que figuran en el informe de valoración que se presentó a la Mesa de Contratación.

“Una gran opacidad”

Asimismo, la IGAE recela de la falta de transparencia del proceso de licitación. “Para conocer la importancia que se ha dado para la puntuación a cada característica es necesario disponer de una información que no es pública y de la que no han dispuesto los licitadores ni previamente a presentar las ofertas ni a posteriori de haber sido valoradas las mismas”, lamenta. Y recalca que esto “no es neutro”, sino que “puede afectar mucho” a las puntuaciones, que pueden “variar sustancialmente” en función de que se asigne un rango de puntuación mayor o menor a cada uno de los elementos. “Los valoradores distribuyeron los puntos de acuerdo con los criterios establecidos por quien o quienes tomaran las decisiones. Lo anterior evidencia por sí solo una gran opacidad y que el proceso de contratación no se ajusta al principio de transparencia”, remacha.

María Jesús Montero: “Confiamos en la justicia a pesar de que hay singularidades que nos llaman la atención”

Esta misma mañana, desde Córdoba, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda se ha pronunciado sobre esta cuestión. “En realidad no es la IGAE, aunque sí los interventores que están trabajando para la Fiscalía Europea”, ha contestado María Jesús Montero al ser preguntada por esta cuestión. “Hay veces que los cuerpos superiores del Estado se adscriben a un determinado departamaento porque la necesidad de estar permanentemente haciendo informes o peritajes obliga a ordenar el trabajo para que trabajen prácticamente en exclusivo para la Fiscalía Europea”, ha relatado. Y, sobre la investigación judicial sobre Begoña Gómez, ha reiterado el convencimiento del Gobierno de que al final “se terminará imponiendo la la verdad” y “se arrojará la luz sobre todas las sospechas que algunos quieren lanzar sobre el entorno del presidente de manera electoralista, mentirosa e interesada”. “Tenemos mucha tranquilidad y confiamos en la justicia a pesar de que hay singularidades en los procedimientos que a todos nos llaman la atención”, ha verbalizado.

Una investigación a caballo entre la Fiscalía Europea y Plaza de Castilla

Se trata de una investigación que avanza en paralelo a la que se está desarrollando en los juzgados de Plaza de Castilla. En junio de 2024, el juez Juan Carlos Peinado se inhibió en favor de la Fiscalía Europea en lo relativo a los hechos y delitos relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU y Escuela de Negocios The Valley. El juez Peinado está poniendo la lupa en “todos los hechos, actos, comportamientos y conductas llevadas a cabo” derivadas de la relación entre Gómez y Barrabés. Hace meses, cuando declaró como testigo (antes de estar investigado), Juan Carlos Barrabés aseguró que se había reunido “cuatro o cinco” veces con Begoña Gómez en la Moncloa y que Pedro Sánchez habría estado presente en dos de los encuentros, organizados para discutir asuntos relacionados con la “innovación”.

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La causa se inició a raíz de unas cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez: “Manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados”. La defensa de la mujer de Sánchez alega que no se recomendaba a Barrabés en concreto sino el proyecto en conjunto, que las cartas son habituales en los procesos de carácter tecnológico y que el mismo modelo se presentó por parte de grandes empresas tecnológicas y de otras instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid. El pasado mes de mayo, la Audiencia de Madrid consideró que Begoña Gómez “debía de venir aprovechándose de su proximidad al presidente del Gobierno para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada”.

Para conseguirlo, las empresas del Grupo Barrabés resultaban una “pieza clave en el desarrollo e implementación” de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, utilizada como “plataforma desde la cual se urdieron el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva”. “Esto explica el rápido desarrollo de la cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”, remachaba la Audiencia de Madrid.