Los socios de coalición del Gobierno están divididos sobre el alcance de la protección social que deben tener las medidas del plan de respuesta al golpe económico derivado de la guerra en Irán. Tal como ha informado el ejecutivo este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el paquete tendrá como objetivo la contención del precio de la electricidad y de los carburantes. De hecho, el Gobierno ha anunciado la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo. Pero Sumar pide ir más allá e incorporar medidas sobre vivienda en el paquete que se aprobará el viernes en una reunión extraordinaria del gabinete de Pedro Sánchez. Denuncian que el PSOE teme que, por culpa de esto, el paquete pueda decaer en el Congreso de los Diputados. Los socialistas, además, tienen prisa por aprobarlo y convalidarlo: la Junta de Portavoces de la cámara baja ha acordado que cuando llegue el decreto sea calificado con carácter urgente e se incorpore al orden del día del Pleno de la próxima semana.
Fuentes del socio minoritario del ejecutivo explican que en las conversaciones que mantienen ambas partes, los socialistas admiten que temen que Junts per Catalunya tumbe en la cámara baja cualquier medida enfocada a limitar el precio del alquiler. Según Sumar, hay que intentar negociar con los independentistas; y asumir que los puigdemontistas lo pueden acabar tumbando, sea porque están en contra o porque las relaciones entre socialistas y juntaires están rotas.
Este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, ha respondido con evasivas a las múltiples preguntas que se le han hecho sobre si el viernes se incluirá alguna medida sobre vivienda. En privado, ministros de la más alta confianza de Pedro Sánchez tampoco confirman ni descartan ninguno de los dos escenarios. La agencia EFE ha publicado este martes a primera hora de la tarde que el Gobierno estudia la posibilidad de limitar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda. El teletipo apunta que el PSOE ha hecho esta oferta a Sumar ante la presión que ha ejercido el socio minoritario.
Sumar exige la prórroga automática de los contratos de alquiler
El 2% es un tope que ya se aprobó en 2022 por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y estuvo vigente hasta finales de 2023. El Tribunal Supremo avaló la constitucionalidad de la medida. Esta información no ha sido confirmada a ElNacional.cat por ningún miembro socialista del ejecutivo. Pero la “prioridad absoluta” de los yolandistas, según ha expuesto la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Varbero, es la prórroga automática de los contratos de alquiler, que es la forma más efectiva de contener el precio de los arrendamientos. Un ministro de Sumar, en declaraciones a este periódico, insta a sus compañeros de gabinete a sacarla adelante y asumir que alguno de los socios de investidura —como el PNV, pero sobre todo Junts— pueda acabar tumbándola.
Este martes, en declaraciones a los periodistas que la esperaban en los pasillos del Senado, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, la sumarita Yolanda Díaz, ha abogado por aprobar una medida que contenga el precio del alquiler. “Es evidente que en España hay un problema de la vivienda; en todas las prórrogas que hemos hecho de los decretos de las sucesivas crisis hemos congelado los precios de los arrendamientos en nuestro país, y esto pedimos porque es el sentido común del país”, ha aseverado.
Sumar, además, se ha coordinado con los socios parlamentarios de izquierdas en el Congreso para pedir al PSOE que incluya en el decreto del viernes la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa residencial, derogada el pasado febrero por la mayoría parlamentaria de Junts, PP y Vox. La negociación se prevé que sea larga hasta el viernes, y Sumar confía en que el PSOE incluya la prohibición del corte de suministros básicos a las familias vulnerables, que PNV y Junts sí que ven con buenos ojos.
Medidas focalizadas en los sectores afectados y la energía
Pero la intención del PSOE, de momento, es limitar el paquete de medidas a los carburantes, la energía y los fertilizantes. Consideran que las consecuencias de la guerra de Irán no son, para la economía española, tan preocupantes como en el caso de la invasión de Ucrania. Este martes, en la rueda de prensa en el palacio de la Moncloa, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el paquete será “proporcional, perimetrado y focalizado en limitar el impacto del aumento del precio de los combustibles y la electricidad”. Será Pedro Sánchez quien el viernes comparezca ante los medios para explicar las medidas aprobadas.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que también ha comparecido en esta rueda de prensa, ha aseverado que el Gobierno llega con los “deberes hechos”. Ha destacado que el Estado español ha sacado adelante políticas de “soberanía energética” que hacen que ahora esté “más protegido” que otros aliados. Según ha expuesto Cuerpo, el plan de respuesta a la crisis derivada de la guerra contará con la suficiente “flexibilidad” para irse “adaptando” a la evolución de la situación. Descarta, de momento, rebajar el IVA de los alimentos.