La problemática de la pobreza energética parece habérsele girado en contra al Govern. Todos los grupos del arco parlamentario han cargado este martes contra los de Carles Puigdemont por, en palabras del diputado de CSQP Joan Coscubiela, haber utilizado la sentencia del Tribunal Constitucional “para no actuar” en esta materia.

El órgano jurídico ha sido muy denigrado en los últimos días por personas del ejecutivo y del grupo parlamentario de Junts Pel Sí, después de tumbar dos puntos del decreto aprobado por el entonces gobierno de Artur Mas, con el objetivo de impedir que se cortara el suministro de luz, agua o gas a las personas más vulnerables. Las múltiples declaraciones han acabado en un efecto boomerang.  

Aquello que critica la oposición es que al margen del decreto, en el 2015 ya se había aprobado una ley, gracias a una ILP ciudadana, que según los cuperos “es más garantista” y “muy potente”, y hasta ahora no se ha desplegado. Más allá de eso, han apuntado que hay vías que han existido siempre y no se están utilizando lo suficiente, como la que la Generalitat pague las facturas a quien no llegue a final de mes.

Ante los rumores que apuntan que una vez desarrollada esta ley, el Gobierno pueda llevarla, como ha hecho con el decreto, al TC, y que éste la suspenda, la jornada de hoy ha demostrado que no hay unidad, al menos independentista, de cara a cómo afrontarlo. Si bien la CUP reclama desobediencia, los junteros ya han insinuado que nada de esta vía y que seguirán buscando las fórmulas dentro de la legalidad española para garantizar el objetivo.

Pagar facturas

Una de las medidas que han apuntado tanto desde el PSC como desde Ciudadanos es el pago de las facturas que las personas en situación de vulnerabilidad deban a las compañías.

En este sentido, la portavoz de los socialistas en el Parlamento, Eva Granados, ha reprochado al Gobierno que no cuente con una previsión de gasto en materia social con el fin de asumir las facturas de las familias que no pueden hacer frente. Granados cree que “se está desobedeciendo el Parlament” al no hacerlo.

Hasta ahora, del fondo de pobreza energética que había presupuestado la Generalitat sólo se ha gastado un 22% del total. De 5 millones, se han utilizado 1,1. Y eso, para el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, demuestra que “no sólo ha existido una mala técnica legislativa, sino una defectuosa gestión de los recursos”.