El Govern de la Generalitat ha querido transmitir un mensaje de calma después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya avalado el 25% del castellano en la escuela catalana, inadmitiendo una demanda de Òmnium contra la sentencia que obliga a dar una asignatura más en castellano en una escuela de Canet de Mar. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha asegurado que la decisión de Estrasburgo no tiene “ningún impacto” sobre el sistema educativo del país ni sobre su normativa, en una declaración sin preguntas. Así, según el responsable del Departament, el Govern “continúa firmemente comprometido” con el modelo de escuela catalana que tiene la lengua, ha manifestado, “como centro de gravedad”. A finales de marzo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ordenara ejecutar la sentencia que destrozaba el decreto aprobado pel Parlament para blindar el catalán en la escuela, la respuesta del Govern fue muy similar. Manifestar su compromiso con la lengua y afirmar que la decisión del TSJC no suponía “ningún cambio operativo” y que los Documentos para la Organización y la Gestión de Centros continuaban vigentes, también en cuanto a los criterios de usos lingüísticos.
La del conseller Vila no ha sido la única reacción a una decisión del TEDH que la Intersindical ha tildado de “imposición política”. El sindicato, que también tiene presencia en el ámbito educativo, ha lamentado que la resolución hecha pública en Estrasburgo suponga una “nueva cobertura judicial a una ofensiva política” que tiene como objetivo debilitar el catalán como lengua vehicular en la escuela. Por ello, exigen “determinación” al Govern y que el catalán quede blindado como lengua vehicular “real” en todos los centros del país. En este sentido, reclaman, en pleno pulso con el Ejecutivo de Salvador Illa y la conselleria liderada por Esther Niubó, que se aporten más recursos y que se ponga en marcha la inspección para garantizar que los proyectos lingüísticos sean “efectivos”.
La decisión del TEDH
La decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos (TEDH) se ha hecho pública esta mañana y argumenta, entre otras cuestiones, que “la decisión judicial impugnada no derogó la política lingüística de la escuela, sino que simplemente aumentó el uso del castellano en una o más asignaturas, sin modificar el uso preponderante del catalán como lengua de instrucción”. Así, por un lado, consideran que prohibir el empleo del castellano como lengua de instrucción supondría privar a los “ciudadanos españoles de su derecho a ser educados en la lengua nacional”. “Recibir una educación en la lengua estatal es crucial para facilitar la igualdad de acceso de los alumnos al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo”. Y, yendo más allá, añade que “la práctica consolidada de la escuela de enseñar exclusivamente en catalán perjudicó significativamente a las familias españolas que residían temporal o permanentemente en Catalunya, ya que impedía que sus hijos cumplieran su doble derecho y deber constitucional de aprender el castellano”.