El Govern empieza a preparar una ley para garantizar la seguridad de las personas que alerten sobre casos de corrupción. El ejecutivo de Salvador Illa se comprometió en este sentido con diferentes entidades como el Observatorio Catalán contra la Corrupción o la Oficina Antifraude, para garantizar la protección y apoyo a las "personas que informan sobre infracciones que pueden representar una amenaza o perjuicio al interés público". En el trasfondo de la iniciativa está, según ha argumentado el ejecutivo, la voluntad de avanzar "en el buen gobierno y la lucha contra la corrupción y promover un cambio cultural que reconozca el valor cívico de la alerta".
De momento, el Govern ha puesto en marcha el proceso de participación ciudadana dirigido al público en general y a las entidades, que se alargará durante 30 días y es previo a la elaboración del articulado de la ley. En estos momentos ya existe regulación en este ámbito, pero se encuentra dispersa en diferentes normas tanto del ámbito catalán y español, como una directiva europea. Todo ello dificulta su interpretación, por lo cual se ha considerado necesario que Catalunya disponga de una normativa integral que aborde, el ámbito de las alertas, su gestión y tramitación, así como las garantías para las personas alertadoras.
Los objetivos de esta ley es, entre otros puntos, "garantizar la protección integral de las personas alertadoras, incluyendo el derecho al anonimato, la confidencialidad y la prohibición de represalias" y asegurar un "sistema de información seguro, accesible y eficaz para la comunicación de alertas", así como mejorar la coordinación entre instituciones para desarrollar los sistemas de alertas y personas alertadoras. Con todo ello, esta ley tendría que reforzar, según el Govern, "las políticas de integridad y consolidar las infracciones de integridad en Catalunya, tanto en el sector público como en el privado".
Inmigración
Por su parte, el Govern de la Generalitat ha asegurado que está preparado para asumir las nuevas competencias de inmigración, pero ha evitado avanzar si reclamará su delegación en caso de que, como está previsto, no prospere la iniciativa. En este sentido, la portavoz del Govern, Silvia Paneque, se ha remitido al compromiso del gobierno español en el sentido de que la propuesta "no quedará en un cajón".
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, Paneque ha negado que la proposición de ley tenga ningún contenido racista, ha defendido el papel de los Mossos, y ha asegurado que se trata de una ley buena para Catalunya y para el conjunto del Estado y que será una "pérdida" si se confirma el rechazo en el Congreso, por lo cual ha aconsejado a Podemos que ajuste las expresiones al contenido de los textos en vez de valorar las propuestas en función de quien las propone, en este caso, Junts per Catalunya.
Presupuestos
La consellera ha asegurado que el ejecutivo trabaja con el objetivo de que el 1 de enero la Generalitat pueda tener los "presupuestos a punto". Sin embargo, ha admitido que el departamento de Economía aún no ha cerrado su proyecto y que las conversaciones con los grupos todavía no se han puesto en marcha. Lo que sí ha avanzado la consellera es que en el trabajo presupuestario se está insistiendo en acotar el capítulo 2, de gastos corrientes, y aumentar el capítulo de recursos destinados a inversiones para aprovechar el momento de crecimiento económico.
Ante los llamamientos que desde diferentes ámbitos se están planteando sobre la necesidad de que el Govern disponga de presupuestos aprobados el próximo año, tras tres años de prórrogas de las cuentas, Paneque se ha limitado a afirmar que este año ha habido que recurrir a un "mal menor" como son los suplementos de crédito, que han permitido disponer de recursos extra, pero "la situación óptima y deseable seria tener nuevos presupuestos".
La negociación de las cuentas corre en paralelo a la nueva propuesta de financiación. En este punto, el Govern celebra que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, garantizara públicamente este domingo la apuesta por una nueva financiación autonómica esta legislatura, e insiste en que deberá tener "algunos elementos de singularidad" a través de una negociación bilateral. Sin embargo, tampoco sobre la nueva financiación el Govern ha concretado de momento el calendario.